Managua. La Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por el Frente Sandinista, aprobó ayer en lo general la reforma parcial de la Constitución nicaragüense, que abre la puerta para la subordinación de todos los poderes del Estado a la presidencia, en manos de Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, y en sus puntos establece la creación de una copresidencia conjunta entre ambos líderes.

El paquete de reformas, enviado el martes pasado a la asamblea por Ortega con carácter de urgencia, fue aprobado en primera legislatura con el voto unánime de los 91 diputados oficialistas sin mediar discusión, confirmó el presidente del órgano parlamentario, Gustavo Porras, ante el pleno.

De acuerdo con la Constitución, las reformas a ésta deben ser aprobadas en dos periodos legislativos antes de que entren en vigor. La actual legislatura finaliza en diciembre y la siguiente se inicia el próximo 10 de enero, cuando la reforma quedaría aprobada en su totalidad, estimó Porras.

Tras la votación, la oposición rei­teró sus reclamos, desde el exilio y dentro del país, de que la iniciativa legaliza el poder absoluto de Ortega y Murillo. La Organización de Estados Americanos (OEA) ha acusado a la pareja de intentar incrementar su control absoluto del Estado y perpetuarse en el poder.

Con las modificaciones, la reforma amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, y confirma el poder que ya tiene Murillo al igualarlo al de Ortega, debido a que eleva su rango de vicepresidenta a copresidenta.

El texto también concede un poder total al Ejecutivo, al establecer que la figura de copresidente coordinará a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales, a los que antes la Constitución reconocía como independientes o autónomos.

Ortega, ex guerrillero de 79 años, gobernó Nicaragua en la década de 1980 tras el triunfo de la revolución sandinista popular al derrocar la dictadura de Anastasio Somoza en 1979. En 2007 volvió al poder, y desde entonces sus críticos señalan que ha instaurado una dictadura y el nepotismo junto a su esposa.

Especialistas explican que ambos radicalizaron sus posturas y aumentaron el control sobre la sociedad tras las protestas de 2018, cuya represión dejó 320 muertos, según la Organización de Naciones Unidas. El gobierno consideró estas movilizaciones un intento de golpe de Estado lanzado por Estados Unidos.

En la reforma, Nicaragua es definida como un Estado revolucionario y socialista, e incluye entre los símbolos patrios la bandera rojinegra del Frente Sandinista de Liberación Nacional.

También establece que el Estado vigilará a la prensa y a la Iglesia para que no respondan a intereses extranjeros, y en el caso de las empresas para que no apliquen sanciones como las que Estados Unidos ha impuesto a Nicaragua.

Además, oficializa el retiro de la nacionalidad nicaragüense a los considerados traidores a la patria, como hizo el gobierno con unos 450 críticos y opositores en años recientes.

La reforma faculta a la presidencia a ordenar la intervención del ejército en apoyo a la policía nacional, cuando la estabilidad de la república lo requiera, y autoriza a policías y militares a ocupar cargos temporalmente en el ámbito Ejecutivo.

Crea formalmente la policía voluntaria, surgida en respuesta a las protestas sociales de 2018, y compuesta mayoritariamente por ex militares que combatieron durante la revolución sandinista (1979-1990).