La magnitud del dispositivo policial, así como el hecho de que involucra a más de una decena de municipios, recuerdan de manera inevitable al michoacanazo perpetrado por Felipe Calderón el 26 de mayo de 2009 contra 11 presidentes municipales, 16 altos funcionarios y un juez de dicha entidad, quienes tuvieron que ser liberados por la falta de pruebas en su contra y por el desaseo con el que se efectuaron los arrestos, sobre los que siempre pesó la sospecha de responder a motivaciones políticas. Sin embargo, debe remarcarse que hasta ahora no hay razones para trazar paralelismos entre ambos eventos, pues todo indica que lo ocurrido ayer se inscribe de manera auténtica en los esfuerzos para abatir la criminalidad en territorio mexiquense, y que da continuidad a las aprehensiones llevadas a cabo en septiembre pasado en otras cinco demarcaciones.

El perfil de los detenidos, entre quienes figuran sobre todo directores de Seguridad Pública, pero también alcaldes y al menos un subdirector operativo de Seguridad, un jefe de región de la policía municipal y un comisario de seguridad, son reveladores de un fenómeno que se ha denunciado como una plaga en el nivel más bajo de la administración pública: la cada vez mayor penetración del crimen organizado en los ayuntamientos, pues los cárteles y otros grupos han pasado de sobornar a agentes y mandos policiacos a nombrar directamente a los titulares de Seguridad y otras áreas, cuyo control facilita sus actividades o es una fuente de lucro en sí misma, como sucede en las direcciones de obras o finanzas.

En buena medida, esta cooptación es posible debido a la extrema debilidad estructural y financiera de los gobiernos municipales, quienes apenas recaudan en promedio 20 por ciento de los recursos necesarios para su operación y dependen de la Federación para obtener 74 por ciento de sus ingresos. En algunos casos, la totalidad del dinero que requieren proviene de las arcas federales. Una clave para entender la descapitalización de los cabildos reside en el no cobro del impuesto predial, que en el papel es su principal grifo de financiamiento: mientras los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recaudan en promedio 1 por ciento del PIB mediante ese gravamen, en México representa apenas 0.11 por ciento. Para colmo, 90 por ciento de ese exiguo monto se colecta en 188 de los 2 mil 476 municipios y alcaldías. Está claro, entonces, que alcaldes y presidentes municipales deben superar la cortedad de miras, los cálculos electoreros, ignorancia, indolencia o cualquier otro factor que priva a sus demarcaciones de los recursos que requieren con urgencia para atender la inseguridad y otras problemáticas que afectan a los ciudadanos.

En lo inmediato, es imperativo que la fiscalía mexiquense y los tribunales que lleven los expedientes realicen sus labores de manera impecable, a fin de que los acusados sean procesados con estricto apego a derecho y de que las sanciones o los deslindes de responsabilidades derivados del operativo se dicten con pruebas incontrovertibles que no dejen lugar a dudas acerca de la prevalencia de la justicia. Nada menos que eso exigen y merecen los millones de habitantes de una entidad que, por décadas, se ha encontrado a merced de una delincuencia desbordada debido a la ineptitud o la complicidad de los gobernantes.