Obras sin concluir que se reportaron terminadas y que fueron pagadas en su totalidad, así como un incremento del doble en el gasto destinado a distribución de agua en pipas durante la campaña electoral son otras anomalías detectadas en la administración de Alfa González en Tlalpan.

Gabriela Osorio, actual alcaldesa, mencionó en entrevista que dará cuenta de todos los casos que surjan, como el de las extorsiones a comerciantes que hizo públicas el pasado jueves.

Sobre las irregularidades en obra pública del gobierno de la alianza PAN-PRI-PRD, que detallará la próxima semana, adelantó que ya se presentaron denuncias ante la Contraloría. Se reportaron finalizadas, se hizo la inspección y muchas están a la mitad, a 60 o 70 por ciento, y lo grave es que se pagaron completamente; en los contratos suscritos con las empresas aparecen ya finiquitadas.

Sobre posibles actos de corrupción relacionados con construcciones anómalas, como los denunciados en la alcaldía Benito Juárez, la morenista sostuvo que en este momento no podría aventurarse a hablar del tema, pero ya se revisa y refirió que tiene un grupo de auditores que trabaja en la verificación a detalle del tema de las pipas.

Notamos en el presupuesto una tendencia creciente en el gasto que se destinaba cada mes para la distribución de agua, que coincide con el periodo de campañas electorales, cuando se elevó al doble. Ya en su momento lo estaremos presentando también con sus pruebas.

Sobre las extorsiones, dijo que se detectaron en las primeras dos semanas de gobierno: “le dije al equipo que quería salir con la información clara, con denuncias presentadas y pruebas, porque no quiero que se interprete como una cacería de brujas o un tema político”.

Comentó que tenía el antecedente por un grupo de mujeres que se acercaron a ella en un acto de campaña y con la ahora jefa de Gobierno, Clara Brugada, en el pueblo de San Andrés Totoltepec, quienes denunciaron los hechos.

Ahora soy testigo de que se llevó a cabo de manera sistemática el cierre de establecimientos, algunos con justificación y otros sin ningún motivo, pero en ambos se pedía dinero para que los negocios siguieran operando.

Osorio precisó que esa red de extorsión operó desde la Dirección General Jurídica de la alcaldía y una de las cuentas a las que se hacían los pagos correspondía a un funcionario de estructura.

En cuanto a los que pagaron para que sus negocios no fueran cerrados, tienen la obligación de concluir el trámite para sacarlos del rezago, y en los casos en que exista alguna situación irregular ellos no llegan a clausurar como hacía el gobierno anterior, pues se les dará un plazo para solventar las deficiencias.