En México, el agua dejará de ser vista como mercancía, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, al presentar el Plan Nacional Hídrico, el cual tendrá una inversión de 20 mil millones de pesos en 2025 y, como había adelantado La Jornada, considera a ese elemento un derecho y un bien de la nación.

Se deja atrás la visión neoliberal. Ya había iniciado con el presidente López Obrador, pero le vamos a dar un impulso mayor para recuperar el agua como un bien de la nación y como un derecho humano, sostuvo la mandataria.

El plan incluye el ordenamiento de concesiones y la meta de elevar la eficiencia en el riego agrícola mediante la tecnificación de 200 mil hectáreas; así aumentará la producción 51 por ciento.

El gobierno también prevé crear durante el sexenio un plan maestro para el desarrollo de infraestructura de agua potable, el saneamiento de ríos y el desarrollo de 16 proyectos estratégicos.

Una de las primeras acciones es la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad, que se realizará el próximo lunes 25 de noviembre, con la participación de distritos y unidades de riego, de los principales consumidores industriales, instituciones académicas y de investigación, comunidades usuarias y el gobierno en sus distintos niveles.

Hasta ahora, industriales y concesionarios del campo se han comprometido a regresar a la nación 2 mil 500 millones de metros cúbicos de agua que tenían concesionada y no utilizan, lo que equivale al abasto de dos años y medio de la Ciudad de México. Lo que queremos es que esa agua que no se usa se le regrese a la nación para que se pueda disponer de ella, porque hasta los municipios tienen la concesión de agua. El agua le pertenece a la nación, dijo la mandataria.

El director general de la Conagua, Efraín Morales López, detalló que para la implementación del Plan Nacional Hídrico, el gobierno federal calcula una inversión para 2025 de unos 20 mil millones de pesos para proyectos, como la presa El Novillo en La Paz, Baja California Sur; una desaladora en Playas de Rosarito, en Baja California; un sistema de presas en Hermosillo; un plan integral para Acapulco y otro para la zona metropolitana del Valle de México.

También se construirán las presas Tunal II, en Durango; Milpillas, en Zacatecas; Las Escobas, en San Luis Potosí; redes troncales para el proyecto Agua Saludable, en Durango y Coahuila; los acueductos Ciudad Victoria II, en Tamaulipas; Solís, en León, Guanajuato; Zacualpan II, en Colima; La Cangrejera-Coatzacoalcos, en Veracruz; así como la Presa Paso Ancho, en Oaxaca; el acuaférico, en Campeche, y obras de protección contra inundaciones en Tabasco.

Entre otras medidas, el gobierno promoverá reformas a la Ley de Aguas Nacionales para terminar con la especulación, así como la expedición de la Ley General de Aguas, para defender los derechos de la población en la materia.

Morales explicó que el saneamiento de cuerpos de agua empezarán en los tres ríos más contaminados del país: el Lerma-Santiago, el Atoyac y el Tula, para lo cual la Conagua trabajará con la Semarnat, a fin de eliminar descargas contaminantes, reforestar, rehabilitar y construir plantas de tratamiento y colectores, así como la construcción de humedales.

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, sostuvo que el plan cambia el enfoque extractivista y privatizador que había en gobiernos anteriores.

El secretario de Agricultura, Julio Berdegué, destacó que el plan impulsará la productividad del campo 51 por ciento y contribuirá a la soberanía alimentaria de la nación.