Ciudad de México. El 5 de marzo de 2025 México presentará a la Suprema Corte de Estados Unidos sus argumentos para que el tribunal permita que continúe adelante la demanda que interpuso contra los fabricantes de armas estadunidenses, a los que acusa de incurrir en prácticas negligentes que facilitan que el armamento cruce de manera ilícita la frontera y llegue al crimen organizado en nuestro país.

El máximo tribunal estadunidense dio a conocer este viernes que en esa fecha se realizará una audiencia luego de que en abril Smith & Wesson, Beretta, Colt, Glock, Century Arms, Ruger y Barrett pidieron a la Suprema Corte que intervenga y desestime la demanda del gobierno mexicano interpuso en su contra en 2021 y con la cual les reclama 10 mil millones de dólares.

En aquel año, el gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador demandó a las empresas ante una corte federal en Massachusetts. El caso fue desestimado en 2022 por un juez que argumentó que los fabricantes de armas estaban protegidos antes las reclamaciones de México por la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), que los exime de responsabilidad por el uso que los delincuentes hagan de sus productos.

En enero pasado, un tribunal de apelación revocó el fallo y dio entrada a la demanda mexicana.

Fue ante esta última decisión judicial que las productores de armas pidieron la intervención de la Suprema Corte.

En este nuevo juicio, los fabricantes son los demandantes y solicitan que la Suprema Corte resuelva si la producción y venta de armas de fuego en Estados Unidos es la causa de los daños supuestamente sufridos por el gobierno de México por la violencia cometida por las organizaciones criminales en suelo mexicano.

También han pedido que el máximo tribunal decida si la producción y venta de armas de fuego en Estados Unidos puede considerarse como “ayudar e instigar” a traficantes de armas porque las empresas demandadas supuestamente saben que algunos de sus productos han sido traficados ilícitamente.

El gobierno de López Obrador argumentó en su momento que cada año ingresan de manera ilegal a México entre 200 mil y 750 mil armas fabricadas en Estados Unidos y que las empresas productoras saben de ello y de los daños que causan en nuestro país.