Una de las estrategias recurrentes de los gobiernos de la llamada Cuarta Transformación (4T), al igual que sus antecesores, ha consistido en negar o invisibilizar la cruenta y continuada violencia en que viven los pueblos originarios, y que comparten amplios sectores sociales del país en los ámbitos rural y urbano. Calificada por organismos internacionales como conflicto armado interno no reconocido, por los manuales de la Secretaría de la Defensa Nacional, como guerra irregular, por los operadores militares estadunidenses del Pentágono, como guerra de contrainsurgencia, o por variados analistas como guerra de desgaste, baja intensidad, amplio espectro o terrorismo de Estado, en los hechos, los pueblos indígenas, particularmente, enfrentan un proceso de recolonización de sus territorios y un saqueo de sus recursos, por diversas corporaciones capitalistas, que incluyen al crimen organizado, en un contexto redoblado de militarización y múltiples violencias permanentes.

De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por el Inegi y el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, los homicidios dolosos rebasaban 200 mil durante el gobierno de Andrés Manuel Lopez Obrador, con 51 mil desapariciones forzadas, siendo el sexenio más violento que se registra en la historia contemporánea de México.

En 2021 señalábamos que la militarización del país se patentizaba en la encomienda de las tareas de seguridad pública a las fuerzas armadas, en el incremento continuado y exponencial de sus presupuestos, en la asignación de misiones a los militares que secretarias civiles debieran llevar a cabo, en la renuencia encubridora del gobierno para investigar los crímenes de Estado perpetrados por elementos castrenses durante la llamada guerra sucia, en masacres, como las de 1968, en asesinatos de dirigentes como Primo Tapia o Rubén Jaramillo, o en crímenes de Estado como el de Acteal y El Bosque, en Chiapas, o su participación, por omisión o comisión, en la desaparición forzada de los 43 estudiantes de Ayotzinapa.

Es un hecho que el manto de impunidad sobre las fuerzas armadas sigue incólume, por quienes hicieron sus carreras políticas enarbolando proyectos de nación que incluían reformas profundas en esta materia.

En el último comunicado del EZLN, fechado en octubre, el subcomandante Moisés informaba sobre las agresiones y amenazas a las bases de apoyo zapatista y, en consecuencia, la suspensión de toda comunicación sobre los encuentros de resistencia y rebeldía, previstos para el siguiente año, contemplando incluso su cancelación, “debido a que no habría seguridad para los asistentes en ningún lugar de Chiapas. Esta es la realidad de ‘la continuidad con cambios’ de los malos gobiernos”.

El Congreso Nacional Indígena, en la voz del abogado Carlos González, denunció que, desde 1996, año de su fundación, 128 integrantes de esta organización han sido asesinados, y que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum registró en octubre pasado más de 2 mil homicidios y más de 500 desapariciones forzadas; sostiene: “Lo que nos siguen prometiendo es guerra.

Esta guerra la han vivido nuestros pueblos y comunidades durante siglos, pero se ha profundizado en los últimos años y décadas con las cruentas políticas neoliberales que tienen como uno de sus propósitos centrales el despojo de las tierras y los territorios de las comunidades indígenas”.

Este 19 de noviembre, el Concejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata publica una declaración en la que hace una enérgica crítica al actual gobierno y a su narrativa diaria en la que se afirma que se está restableciendo la paz en el país, señalando que la situación en ese estado: “es totalmente contraria a ese discurso: balaceras y asesinatos de inocentes, decapitaciones de presidentes municipales, secuestros en grupo que incluyen a mujeres, niños y niñas, incineración de cuerpos, que según el titular de la Secretaria de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, es por ‘confrontación entre grupos locales’, […] también observamos y vivimos desplazamientos territoriales, cobros de piso, control de los recursos económicos de los municipios por grupos delincuenciales, el control de las cámaras de videovigilancia en el municipio de Chilapa por Los Ardillos, el tráfico de estupefacientes por todas las carreteras del estado con la complacencia de los policías municipales, estatales y autoridades federales; acoso, hostigamiento, intimidaciones y robos al gremio periodístico de Guerrero, comidas y diálogos cordiales entre presidentes y presidentas municipales con generadores de violencia –como les llaman hoy en día en las mañaneras– […] también encarcelamientos de chivos expiatorios o investigaciones a modo para evitar la detención de los mandos de los grupos delincuenciales.”

El entorno de acompañamiento al EZLN-CIG está desarrollando una campaña en diversos espacios para dar a conocer esta guerra ignorada.