La alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio Hernández, denunció una red de extorsión a comerciantes que operó en la administración de Alfa González Magallanes, de la coalición PAN-PRI-PRD, en la que se hicieron cobros de hasta 100 mil pesos para retirar sellos de clausura y se pidieron pagos mensuales que fueron depositados a cuentas personales de funcionarios para permitir su funcionamiento.

Por estos hechos, informó la alcaldesa en un mensaje que difundió en sus redes sociales, ya se presentaron las denuncias correspondientes ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos, e hizo un llamado a quienes fueron víctimas de actos de corrupción a que denuncien para que estos funcionarios enfrenten todo el peso de la ley.

En su mensaje, Osorio Hernández explicó que en el proceso de entrega-recepción encontramos evidencia de cómo funcionarios colocaban sellos de clausura y exigían hasta 100 mil pesos para quitarlos. Pedían pagos mensuales a cuentas personales y aún así mantenían las carpetas abiertas, incluso después de que las víctimas pagaban.

Refirió que alrededor de 50 expedientes dan cuenta de esa situación, y además se detectaron 205 expedientes inventados que se crearon para extorsionar y que ahora representan una carga administrativa para su gobierno.

“No eran casos aislados, sino un sistema de corrupción donde los funcionarios acordaban el monto de las ‘mordidas’ dependiendo el tamaño y giro de los establecimientos.

Hemos presentado las pruebas y denuncias correspondientes ante la Fiscalía de Servidores Públicos para que estos actos no queden impunes”, señaló.

Estos casos fueron denunciados en su momento por comerciantes de pueblos de la demarcación, que realizaron incluso una protesta en la explanada de la alcaldía el 21 de abril del año pasado para exigir el cese de las extorsiones y clausuras de sus negocios.

Agrupados en una organización denominada Comerciantes de los Pueblos de Tlalpan 14 de Abril, en aquella ocasión explicaron que personal del Instituto de Verificación Administrativa adscrito a la alcaldía acudía sin orden de revisión por presuntas denuncias vecinales, pero sin precisar el motivo del reclamo, y exigían comprobar el uso de suelo, aunque conocían de antemano que al ser asentamientos irregulares no contaban con dicho certificado y tenían que arreglarse con pagos de 50 mil a 100 mil pesos, dependiendo del tamaño del negocio.

Entre los más afectados figuraban las distribuidoras de materiales para construcción, pero igual tortillerías, carnicerías, misceláneas y gimnasios, entre otros giros, y los abusos se extendían a obras que eran clausuradas con el pretexto de que no se contrató a un director responsable de obra, cuando sólo se estaba construyendo un cuartito.