La Cámara de Diputados reinició este jueves la discusión sobre la reforma mediante la cual desaparecerán siete organismos autónomos (Inai, IFT, Cofece, CRE, CNH, Mejoredu y Coneval), que fue aprobada ayer en lo general.
En la sesión de hoy, se plantearán cerca de 300 reservas al dictamen –en voz de 86 oradores--, entre ellas una de Morena que propondrá modificar el artículo 28 constitucional, para crear una agencia antimonopolios –bajo la adscripción de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes—que fusionará las labores encomendadas al Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica.
En el texto de la mencionada reserva, se menciona que el Ejecutivo Federal, “a través de la autoridad en materia de libre competencia y concurrencia, ejercerá en forma exclusiva las facultades de competencia económica para regular de forma asimétrica a los participantes en los mercados de telecomunicaciones y radiodifusión, con el objeto de eliminar eficazmente las carreras a la competencia y a la libre concurrencia”.
De igual forma, establece que la mencionada autoridad “impondrá límites a la concentración nacional y regional de frecuencias, al concesionamiento y a la propiedad cruzada que controle varios medios de comunicación que sean concesionarios de radiodifusión y telecomunicaciones que sirvan a un mismo mercado o zona de cobertura geográfica”.
Además, “ordenará la desincorporación de activos, derechos o partes necesarias para asegurar el cumplimiento de estos límites, garantizando los dispuesto en los artículos 6º y 7º” de la Constitución.
Para realizar dicha labor, especifica la reserva del partido guinda, se creará la “entidad paraestatal denominada Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones”, la cual “quedará sectorizada a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes”.
Dicha autoridad “contará con personalidad jurídica y patrimonio propio, estará dotada de independencia técnica y operativa en sus decisiones, organización y funcionamiento, y se garantizará la separación entre la autoridad que investiga y la que resuelve los procedimientos”.