Tepic, Nay. Con 24 votos a favor y seis abstenciones, el Congreso de Nayarit desaforó al magistrado numerario del Tribunal Superior de Justicia, Rodrigo Benítez Pérez- -quien asumió el cargo el 24 de septiembre del 2023-, acusado por la Fiscalía General de la República (FGR) por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada y violación en agravio subalterna cuando se desempeñaba como suboficial en el estado.

Luego de indicar que tanto el magistrado y la misma FGR fueron notificados de esta sesión, el diputado Salvador Castañeda Rangel declaró la procedencia, erigiéndose el Congreso como gran jurado, ante la presencia de los abogados solicitantes del juicio de la Fiscalía General de la República, María Isabel Guerrero López y Abraham Launises Sánchez, agentes del ministerio público de la federación presentes en la sesión.

La diputada Nataly Tuzcareno Lara leyó el dictamen con proyecto de decreto, en el cual relataron que el Congreso contaba con las facultades para desaforar al magistrado, ya que éste no juzga, sino determinaría si el denunciado queda o no a disposición de un juez penal, por lo que la finalidad del desafuero es "si debe enfrentar el proceso penal o no" para que sea juzgado por la autoridad competente.

Durante la lectura, Tuzcarelo relató también la acusación de presunta violación cometida por el ahora magistrado, cuando éste se laboraba en la fiscalía del del estado. El hecho sucedió en la oficina, "jaló a la víctima a un cuarto contiguo, localizado dentro de su oficina, en donde se encontraban dos sillones y una mesa de centro", forzándola hasta penetrar en contra de su voluntad", delito que se encuentra acreditado en el Código Penal del estado de Nayarit

Durante, la narración la legisladora detalló que el entonces ex fiscal presuntamente incurrió el tráfico de influencias para cambiar el sentido de las entrevistas de la víctima, mientras que en el asunto de la desaparición forzada Rodrigo Benítez Pérez habría incurrido en la obstaculización de las investigaciones ocurridas en diciembre de 2019, cuando se desempeñaba como director de investigación ministerial de la Fiscalía General del Estado de Nayarit.

Benítez Pérez "consintió la destrucción de indicaciones de la fosa denominada Fosa de los 21" que consistía en prendas de vestir y aros de las víctimas, en poder del Servicio Médico Forense (SEMEFO), con lo cual obstaculizar las investigaciones constituyendo un hecho delictivo, agregó la Nataly Tuzcarelo.

Dicha fosa, indicó la legisladora en su lectura del dictamen, estaba relacionada con la desaparición de personas ocurridas en el 2017.

"Esta comisión especial del gran jurado en su sección instructora considera que los indicios de investigación se desprende la probable responsabilidad del servidor público licenciado Rodrigo Benítez Párez y en su caso debe ser sujeto al procedimiento penal respectivo para determinar si es o no responsable de los delito que se le acusa", por lo que ello constituye un procedimiento procedibilidad.