La administración de la panista Lía Limón en la alcaldía Álvaro Obregón heredó al nuevo gobierno varias irregularidades, entre los que destacan la entrega de recursos millonarios a estancias infantiles privadas, opacidad en la adquisición de patrullas y videocámaras de vigilancia, así como una contingencia jurídica de más de 200 millones de pesos.

El nuevo titular de esa demarcación, Javier López Casarín, informó que se realiza una auditoría en materia de protección civil a 28 estancias infantiles privadas que en su conjunto recibieron 72 millones de pesos y que atendían únicamente a mil 200 niños.

De acuerdo con esa autoridad local, muchas instalaciones se trataban de casas habitación que no tienen condiciones para recibir a los menores de edad, y que de acuerdo con las reglas de operación contaban con apoyos diferenciados de al menos 75 mil pesos cada una.

En una mesa de trabajo con diputados del Congreso capitalino, López Casarín reveló que con el cambio de gobierno una de las estancias infantiles ya se dio de baja, e informó que su administración invertirá en los 10 centros de atención, cuidado y desarrollo infantil que opera la alcaldía y que son públicos.

En materia de seguridad, informó que la administración pasada invirtió en tres contratos, el primero con una empresa de seguridad privada y que es verificado para saber cuál era su función; otro convenio se hizo con un proveedor por 3 mil 100 cámaras, las cuales no funcionan, no tienen servicio porque no se le pagó al empresario; de hecho, hay una demanda en curso.

Por último, se indaga el arrendamiento de 113 patrullas; y empezó la búsqueda de las mismas, ubicamos a 35, al día de hoy tenemos 79, las otras fueron dadas de baja, a lo que entendimos por un acuerdo común, pero estamos revisando los antecedentes para ver si las mismas ya no servían.

En materia de juicios, se encuentran vigentes 220 amparos laborales con un pasivo de 150 millones de pesos, 713 casos de nulidad –equivalentes a 35 millones de pesos–; por adquisiciones, 14 millones de pesos y por obra pública 20 millones, tenemos una contingencia jurídica de alrededor de 200 millones de pesos.

En cuestión de fugas de agua, reveló que la capacidad de atención de la alcaldía es de cinco casos, frente a los 50 reportes que se reciben a diario.

Como parte de las mesas de trabajo realizadas ayer, el Congreso local también recibió a los representantes de Azcapotzalco, Benito Juárez y Coyoacán; al titular de esta última, Giovani Gutiérrez, se le preguntó por un presunto gasto de 80 millones de pesos en contratos publicitarios, pautas en redes sociales y trabajo de mercadotecnia. El diputado Paulo García manifestó que con ese recurso se podría dar mantenimiento mayor a 83 escuelas o reparar 22 mil 800 metros de drenaje.