Cualquier reforma en la materia de mejora regulatoria debe evitar retrocesos y guiarse por prácticas internacionales que favorezcan la competitividad y el beneficio para los ciudadanos y las empresas, señaló la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).

Ante la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, el organismo del sector privado pidió establecer medidas para asegurar la continuidad de políticas en favor de la mejora regulatoria.

“Celebramos las propuestas del gobierno federal encaminadas a la atención de casos concretos como son el proceso de apertura de negocios, la simplificación de trámites aduanales y fiscales, entre otros”, dijo.

“Apoyamos la simplificación y digitalización de procesos que está proponiendo el gobierno federal; sin embargo, vemos con preocupación la posible omisión de elementos esenciales de la política de mejora regulatoria que podría afectar de manera importante la competitividad del país”, señaló.

Consideró que “un esfuerzo coordinado enfocado a reducir trámites, requisitos y tiempos de respuesta, pueden generar ahorros y mejoras para la población y las empresas”.

La Coparmex destacó que avanzar en la simplificación y digitalización de trámites es una medida clave para agilizar la atención ciudadana, reducir costos para las empresas y combatir la corrupción.

No obstante, consideró que para lograr la mejora regulatoria es esencial que se asegure la armonización en los tres niveles de gobierno con el propósito de evitar duplicidad de requisitos, plazos incompatibles o cualquier otro elemento que suponga descoordinación e incertidumbre para los solicitantes.

Sobre la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, comentó que esta nueva instancia desempeñaría un papel crucial en la política de mejora regulatoria vigente, ya que estaría facultada para presidir el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria y proponer al titular del órgano encargado de dicha política, asumiendo de facto un rol preponderante en su aplicación.

Resaltó que preocupa que la Ley General de Simplificación y Digitalización (LGSD), que reemplazaría a la Ley General de Mejora Regulatoria (LGMR), suprima aspectos fundamentales de la política de mejora regulatoria actual, como la publicación de la agenda regulatoria, el análisis de impacto regulatorio, la consulta pública y los programas de simplificación, mecanismos “indispensables para una mejora regulatoria efectiva, ya que permiten una supervisión sistemática de los avances de las autoridades”.

Apuntó que “varios de los elementos que contempla la LGMR son parte de los compromisos que México asumió en el T-MEC, por lo que su eliminación o modificación podría afectar acuerdos vigentes con nuestros socios comerciales y generar roces a futuro en la renegociación del tratado”, indicó.