México perdió el panel de controversia que Estados Unidos solicitó contra el decreto presidencial del 13 de febrero de 2023 en el marco del T-MEC, al que se sumó Canadá. En él se establece la prohibición al uso de maíz genéticamente modificado para elaborar tortillas y masa, así como su futura sustitución en todos los productos industrializados para el consumo humano y para la alimentación animal.
Según el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, “ya nos dieron el resultado preliminar de maíz, todavía no termina el proceso, terminará en diciembre (el 14), pero a lo mejor nos ganan”. Lo cierto es que, desafortunadamente, lo que dice el funcionario es un eufemismo. En los hechos, las cartas están marcadas y México sufrirá un descalabro. Más allá de la propaganda con la que se le acompañó, desde que se dio a conocer el decreto presidencial resultaba evidente que, aparte las buenas intenciones de frenar la expansión del maíz Frankenstein aquí, la pelea estaba perdida. Ana de Ita analizó con absoluta crudeza y sin ilusión este diferendo en su artículo “Maíz transgénico y T-MEC” (https://shorturl.at/Gl19v).
No me da gusto este desenlace. Desde junio de 2001 he tratado de documentar en La Jornada el daño provocado a la agricultura campesina por esas semillas (https://shorturl.at/mZvUu) y por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados (Lbogm), de 2004, conocida como ley Monsanto (https://shorturl.at/ilfaR). Pero, cualquiera que conozca mínimamente las reglas del T-MEC (y antes del TLCAN) que nuestro país firmó, en medio del regocijo del conjunto de la clase política y la defensa a ultranza del libre comercio, podía prever que el golpe era inevitable.
Y lo es, fundamentalmente, porque contraviene cláusulas del T-MEC, que, nos gusten o no, son el marco legal con que los gobiernos acordaron jugar. Pero, también, por la enorme importancia que la producción maicera tiene en Estados Unidos, por el peso político de sus agricultores (y el monto de los subsidios que reciben), así como por los descalabros que México tuvo para aumentar su cosecha del grano.
Entre otras reglas, Estados Unidos apeló al capítulo 9 del T-MEC, dedicado a medidas sanitarias y fitosanitarias, en el que puede solicitar el razonamiento científico cuando la medida de otro país restringe el comercio, o tiene el potencial para hacerlo, y la medida no se basa en una norma, directriz o recomendación internacional relevante (https://shorturl.at/IQGy).
Demostrar el daño provocado por las semillas transgénicas es una pelea de David contra Goliat. Las grandes empresas biotecnológicas han destinado cuantiosos recursos a financiar estudios que “muestran” la inocuidad de sus monstruos genéticos, y a estigmatizar las pocas investigaciones serias, elaboradas con muy poco financiamiento, que demuestran el daño que provocan.
EU es la principal potencia agropecuaria en el mundo y tiene en el maíz un producto de agroexportación clave. Es el productor líder del grano en el planeta, seguido por China y Brasil. Según el Servicio Nacional de Estadísticas Agrícolas del Departamento de Agricultura de ese país (USDA), la cosecha del cereal en 2023/2024 fue de 389 millones 694 mil toneladas. Su rendimiento promedio es formidable: casi 11 toneladas y media por hectárea. Exportó cerca de 60 millones de toneladas, seguido por Brasil y Argentina. En su mapa de intereses geopolíticos, las ventas de comida a otras naciones no son sólo comercio, sino un arma de presión y dominio.
En EU, el maíz se siembra, principalmente, con semillas genéticamente modificadas. Para ellos no es sólo alimento para el consumo humano. Es materia prima de una amplia y diversificada cadena industrial. Sirve como pienso para ganado, insumo para combustibles, fabricación de edulcorantes de alta fructosa, alcoholes, aceites y botanas. Los granjeros que lo cultivan y las grandes empresas que lo comercializan y procesan son una muy importante fuerza política con indudable capacidad de cabildeo en Washington.
Todo esto significa, en breves palabras, que el pleito por el cereal con México no es mera disputa comercial. Es mucho más que eso. Es una guerra de grandes proporciones de actores económicos y políticos poderosos (desde grandes agricultores hasta empresas de biotecnología) para tener acceso indiscriminado al mercado mexicano, que actúan en el marco de una conflagración en la que las exportaciones de comida son parte de una apuesta estratégica de la Casa Blanca.
Los efectos de importaciones masivas de maíz transgénico de EU (pero, también de otros países) han dejado huella profunda entre nuestros consumidores. Un estudio de 2017, de investigadores de la UAM y la UNAM, muestra la presencia de transgenes en más de 90 por ciento de las tortillas analizadas. Asimismo, encontró que 82 por ciento de los alimentos procesados con componentes de maíz industrial estaban contaminados.
Pese a tener todos los instrumentos de política gubernamental para hacerlo, durante los primeros seis años de la 4T el gobierno no pudo revertir las crecientes importaciones de maíz amarillo, ni las pérdidas en la superficie cosechada (se redujo 3.3 por ciento, al pasar de 7.15 millones de hectáreas en 2019 a 6.92 en 2023). Durante los primeros cinco años, disminuyó también la producción 1.9 por ciento. El programa de precios de garantía tuvo un impacto casi nulo. La autosuficiencia alimentaria quedó en buenos propósitos.
Nuestro modelo agropecuario está sujeto a la dinámica del T-MEC. Se ha orientado a cultivar productos de exportación. ¿Queremos producir más maíz? ¿Queremos evitar la invasión de transgénicos? No es sólo asunto de leyes o decretos. Sin un cambio en las reglas globales de comercio y sin otro modelo agrícola que modifique el actual no habrá forma de hacerlo.
X: @lhan55
