Madrid. Uno de los problemas sociales más enraizados en España es la enorme población de migrantes de otros países sin sus papeles en regla, que trabajan y en algunos casos hasta cotizan a la Hacienda pública pero que no tienen los documentos en vigor para ser ciudadanos de pleno derecho. El Ejecutivo español, presidido por el socialista Pedro Sánchez, aprobó una reforma de la ley de extranjería que abre la puerta a la regularización de alrededor de 900 mil personas y se hará de forma escalonada año a año.
La reforma salió adelante en el Consejo de Ministros, según informó la ministra de Inclusión y Seguridad Social, Elma Saiz, que no ocultó la urgencia que tiene el sistema productivo español de más trabajadores en el sistema para garantizar la solvencia del modelo económico y del pago a futuro de las pensiones. “Queremos facilitar que las personas extranjeras consigan un trabajo adecuado a su perfil profesional, explicó la ministra socialista, que explicó que la modificación del reglamento transformará “a mejor nuestro país. España es hoy por suerte un país de oportunidades. Antes, nuestros jóvenes emigraban, hoy somos un polo de atracción”, explicó.
En la nueva ley también se creará un apartado específico que incluye tanto los visados de corta duración como los de larga duración, para que simplificar los procedimientos y delimitar las competencias entre consulados y oficinas de extranjería. Otra de las novedades es la regulación del visado de búsqueda de empleo, para el que se amplía su vigencia de tres a doce meses, con el objetivo de que “las empresas extranjeras consigan un trabajo adecuado a su perfil profesional y, al mismo tiempo, que las empresas encuentren a los profesionales que necesita”.
La ministra también destacó que el nuevo reglamento cuenta con cinco modalidades de arraigo: social, socioformativo, sociolaboral, familiar y el arraigo de segunda oportunidad. “La novedad es que se homogeneizan y se reduce el tiempo de permanencia en España de tres a dos años. Se flexibilizan los requisitos a cumplir y se habilita a trabajar no sólo por cuenta ajena, sino también por cuenta propia desde el primer momento”. El gobierno español estima que actualmente hay alrededor de 210 mil personas con autorización por arraigo. “Hemos estimado que con esta reforma puedan regularizarse de media 300 mil personas al año durante los próximos tres años. Una sociedad próspera debe saber formar y captar el talento”, destacó la política española.
Los reyes visitan la zona devastada de Valencia
Tres semanas después de las lluvias torrenciales que arrasaron una parte de la Comunidad Valenciana, los reyes de España, Felipe y Letizia, regresaron a los pueblos más afectados y visitaron a los damnificados. A diferencia de la anterior visita, en la que decenas de vecinos indignados arremetieron contra ellos y contra los presidentes de España y Valencia, Pedro Sánchez y Carlos Mazón, respectivamente, en esta ocasión los monarcas fueron recibidos con aplausos. El rey Felipe señaló que “hay que mantener la atención. Seguiremos viniendo y ayudando. Es una parte importante representar al Estado y que sientan que España está con ellos. Es importante que las administraciones funcionen unidas, que todas las administraciones trabajen hombro con hombro”.
A quien los damnificados sí criticaron con dureza durante la visita fue al presidente valenciano, Mazón, al que le espetaron que “¡Cómo te escondes en la multitud! Baja al barro, ponte las botas y baja”, al tiempo que le volvieron a reclamar su dimisión.
Entre tanto, Mazón adoptó algunos cambios en su gabinete para enfocar la reconstrucción de la zona, al nombrar a un vicepresidente para la recuperación tras la DANA, que será el teniente general del Ejército de Tierra retirado Francisco Gan Pampols. Se trata de una vicepresidencia creada para centralizar todas las medidas que se tomen para la recuperación y normalización económica y social de la provincia de Valencia y, sobre todo, de los municipios que fueron los más afectados por la riada.