Durante unos meses ha estado en el centro del interés público un debate que provoca resistencias sociales; me refiero a la decisión de democratizar la forma de nombrar jueces y magistrados en el Poder Judicial. Desde febrero de este año, el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) presentó la iniciativa y el proceso para su aprobación concluyó después de debates y objeciones, también defensas y elogios. La publicación en el Diario Oficial de la reforma aprobada fue el día 15 de septiembre pasado.
El proceso del artículo 135 de la Constitución se cumplió cabalmente, tanto en el fondo como en la forma; fue aprobado por ambas cámaras del Legislativo federal con la mayoría calificada de dos terceras partes y por los congresos de los estados en número suficiente para exceder la mitad más uno. El proyecto ya es una reforma aprobada y sólo queda de ella cumplirla a cabalidad. Como dijo Cristina Fernández, se trata de una revolución en un tema novedoso. A partir de ahora quienes ejerzan la titularidad del Poder Judicial serán electos al igual que los titulares del Legislativo y el Ejecutivo, se trata de un paso adelante en la democratización del país.
Pero tan importante o más que esa reforma hay otra, en el mismo paquete presentado por AMLO; se trata de dos cambios trascendentes para nuestro futuro, ambos se refieren a temas económicos y servirán para el fortalecer nuestra soberanía.
El primero es la decisión de volver a poner a la industria eléctrica y al petróleo en las áreas estratégicas de la economía. La otra se refiere a la desaparición de nada menos que los siguientes organismos autónomos: Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT); Instituto Nacional de Transparencia, acceso a la información y protección de datos personales (INAI); Comisión Federal de Competencia Económica, (Cofece); Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval); Comisión Reguladora de Energía, (CRE); Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Comisión Nacional para la Mejora continua de la Educación (Mejoredu).
¿Por qué creo que son tan importantes estas dos reformas correctivas? Ambas están relacionadas con la economía y con facultades del Poder Ejecutivo, pero principalmente ambas, como decían los antepasados: “ponen una pica en Flandes”.
La primera fortalece nuestra soberanía nacional, se relaciona con la decisión adoptada en la Constitución de 1917 de reservar áreas exclusivas de la economía como estratégicas, lo que significa que no podrán ser propiedad de empresas privadas, nacionales o extranjeras; el término estratégico está tomado del lenguaje militar, se trata de una posición que da una ventaja frente al enemigo; tratándose de economía la ventaja en el mundo globalizado del libre mercado, consiste en que seremos dueños y no dependeremos de extraños para manejar ciertos recursos que nos son indispensables.
Somos independientes, no una colonia ni Estado asociado, tampoco protectorado y menos traspatio. No somos una potencia militar, pero históricamente hemos sabido defendernos con las armas en la mano, frente a enemigos poderosos. Pero en el mundo de hoy y ante el resurgimiento del liberalismo económico, México requiere mantener en sus manos las áreas económicas que nos permitan no depender ni de estados extranjeros ni de las grandes empresas trasnacionales.
Esto significa poder tomar las mejores decisiones en el campo de los energéticos y de otras riquezas e inversiones, que nos aseguren no depender en un momento dado de nadie que no seamos nosotros mismos.
La Constitución vigente, reconoce y protege tres áreas de la economía: propiedad privada, propiedad social y propiedad pública y dentro de ésta se encuentra una mención especial para ciertas actividades que son las estratégicas para defender nuestra autonomía, para no depender en estos sectores del exterior. En esa área protegida se encontraban antiguamente correos, telégrafos, energía atómica y ahora, electricidad, petróleo y sus derivados, recientemente se ha agregado el litio.
Durante la etapa neoliberal, iniciada con De la Madrid y concluida con Peña Nieto, se logró dar marcha atrás y permitir que estos recursos pudieran estar en manos extrañas; el 1º de noviembre, se público en el Diario Oficial el decreto de la presidenta Claudia Sheinbaum mediante el cual el Estado mexicano mantiene la propiedad y el control sobre nuestros recursos energéticos, hidrocarburos, litio, energía nuclear y, por supuesto, electricidad.
En cuanto a los llamados órganos autónomos, sólo diré que eran una forma de restar fuerza al Poder Ejecutivo, debilitarlo y de algún modo pulverizar un poder que requiere unidad de mando.
Sólo a los críticos y rivales del régimen y a quienes quieran desde fuera un país débil y dependiente les puede interesar que el Ejecutivo sea vulnerable y su poder esté distribuido en organismos que en principio le deben corresponder.
