Mexicali, BC. Un juez federal determinó que dos detenidos por el delito de uso de billetes falsos enfrenten en libertad su proceso penal al fijarle solo medidas cautelares, entre ellas que acudan de forma periódica al recinto del Poder Judicial de la Federación en Mexicali durante los seis meses que durará la investigación complementaria.

En la carpeta de investigación por la que vincularon a proceso a Luis Arturo PV y a su hijo Carlos Arturo se señala que el 26 de octubre fueron detenidos en un establecimiento comercial de la colonia Prohogar al tratar de hacer una transferencia de 3 mil pesos con seis billetes falsos.

En el arresto les aseguraron dinero falso por un monto de 36 mil 100 pesos y 12 mil 500 dólares (244 mil pesos), además de 154 mil pesos legítimos que representan 434 mil pesos entre billetes apócrifos y reales de divisa mexicana y estadunidense.

Sin embargo, en un cateo en la casa de los imputados en el fraccionamiento Los Laureles agentes de Investigación Criminal de la FGR les confiscaron 6 millones 500 mil pesos (885 mil 250 pesos y 286 mil 450 dólares); entre el arresto y el cateo se les decomisaron 7 millones de pesos.

También se detuvo en el cateo a dos mujeres: esposa e hija de Luis Arturo PV, quienes quedaron en libertad aunque forman parte de la carpeta de investigación.

Además decomisaron equipo de tecnología de punta para la fabricación de billetes, incluido un scanner de 3D y una impresora.

Otras medidas cautelares que decidió el juez del Poder Judicial de la Federación que les evita pisar la cárcel son la retención de pasaportes y de sus visas estadunidenses, la prohibición de salir de la ciudad, firmar cada mes, el pago de una multa de 100 mil pesos a Carlos Arturo por obstaculizar la detención policial y romper los seis billetes de la trasferencia para eliminar la evidencia de moneda falsa y no acercarse a alguna tienda Oxxo.

Uno de los imputados, Luis Arturo PV, es abogado y laboró como asesor de la Dirección Jurídica del Órgano de Fiscalización Superior de Baja California (ahora Auditoria Superior del Estado) de 2016 a 2021 al ser contratado por su hermano Carlos, titular de ese órgano fiscalizador, durante el gobierno del panista Francisco Vega de Lamadrid. Un caso de nepotismo que quedó en la impunidad.