El martes 12 al rendir protesta como secretario de Hacienda en el nuevo gobierno, Rogelio Ramírez de la O pintó un panorama promisorio, al decir que el presupuesto sería un reflejo “fiel de las prioridades de la nueva administración y (…) un esfuerzo para consolidar y profundizar el modelo de desarrollo mexicano”. (El Financiero, 12/11). Pero, de acuerdo con los primeros datos conocidos tras su entrega al Congreso el viernes 15, no se advierte ni un panorama propiamente promisorio, ni mayores apoyos a las golpeadas universidades y al desarrollo de la ciencia sino: un déficit fiscal de 3.9 por ciento; la deuda pública se mantendrá al 51.4 por ciento del PIB; un crecimiento entre 2 y 3 por ciento; ingresos por ocho billones de pesos “teniendo a la recaudación tributaria como principal fuente de generación”. No sin puntualizar que el presupuesto “(…) tiene una visión (…) de crecimiento económico con justicia social, donde el Estado juega un papel activo como promotor del bienestar colectivo”. (La Jornada, 15/11).
Habrá de revisar bien el contenido del presupuesto pero, por lo pronto es necesario insistir en un dato central: la ya larga falta de crecimiento de la economía. Si contabilizamos la economía, desde la perspectiva de sus cuentas nacionales, prácticamente no ha crecido, en las últimas tres décadas, el crecimiento ha sido de 1.98 por ciento, mientras en lo que va del siglo, 1.49 por ciento, por debajo del crecimiento de la población (en 2023 estaba un 5.71 por ciento por arriba del registrado en 2000).
Entre 2018 y 2024 la fuerza laboral creció en seis millones (sólo se crearon dos millones de empleos en el IMSS), lo que refleja una brecha significativa entre la oferta y la demanda de trabajo. Tampoco se han generado los excedentes necesarios para redistribuir los frutos del magro crecimiento, como lo ilustran las cifras del sistema público de salud y la propia seguridad social que, supuestamente, tendría asegurada su reproducción gracias a las contribuciones tripartitas. Ahí está, por si hace falta, la alerta de una crisis en las pensiones: el gasto total en pensiones representa el 29 por ciento de los ingresos no petroleros y del gasto programable.
Es verdad que los aumentos en los salarios mínimos han sido importantes, pero insuficientes para sostener de manera firme a una sociedad adulta; el remedo franciscano no ha dejado de ser una burla grosera, así sea practicado a diario por el Hombre de Palenque.
Si por consolidar y profundizar el “modelo de desarrollo mexicano”, a decir del secretario, entendemos la necesidad de generar capacidades productivas y sociales, entonces habría que plantearse la importancia de contar con un Estado eficiente, con capacidad de gasto suficiente para cumplir, como dice la Constitución, con la obligación de brindar derechos fundamentales para el bienestar y la dignidad de las personas como lo son la salud, la educación o la alimentación. Amén de ser un Estado regulador y monitor del desempeño económico y, en especial, de las finanzas públicas.
De ser este el caso, la presentación del PEF debería ser una oportunidad para que el gobierno convocara a un acuerdo político mayor, a un nuevo pacto fiscal, tributario y hacendario, que contemple la mejora de la distribución del ingreso y la riqueza, la superación pronta de la pobreza extrema y el estímulo al desarrollo.
La reforma hacendaria, propuesta y pospuesta, debe encontrar su viabilidad política en un consenso nacional acerca del uso transparente y adecuado de los recursos públicos; en particular, debería enfocarse en asegurar el cumplimiento de derechos sociales básicos y, también, ampliar la inversión en infraestructura para incrementar la capacidad productiva para recuperar la senda de desarrollo. De hecho, aumentar la inversión pública y mejorar la eficiencia del gasto público son indispensables para impulsar el crecimiento económico y el empleo y, con ello, alcanzar de modo sostenible mejores niveles de equidad social.
La reforma del Estado, tan postergada por los demócratas de ocasión y transición, ve llegar su hora. Sin embargo, no avanzaremos en esta crucial misión sin contar con los vínculos que sólo puede darnos un auténtico Estado constitucional de derecho. Eso que los gobiernos de ayer y hoy se han dedicado a no hacer y deshacer y por lo cual reclaman aplausos y adhesiones. Hasta la estolidez como la acaecida hace unos días en el Senado de la República.
El “modelo de desarrollo” que el secretario quiere mexicano, sólo será si cuenta con un Estado social solvente y articulado, comprometido con la mejores causas nacionales –educativas, laborales y productivas– con justicia social. Ni más ni menos.
Voto particular: que los “errores” lamentables en que incurrió Hacienda, en el subsidio a nuestras universidades, no se vaya a normalizar como parte del modelo de “desarrollo mexicano” pintado hace unos días por el secretario de Hacienda.
