Hace más de 100 años, en medio de la defensa por el equilibrio de poderes ante un gobierno hegemónico y autoritario, Francisco I. Madero hizo célebre la frase “Sufragio efectivo, no relección” a través del Plan de San Luis. Este plan, fechado el 5 de octubre de 1910, se considera uno de los documentos base en donde se comienzan a establecer pautas para la defensa de la democracia, de los derechos civiles y políticos, así como de los derechos humanos en su sentido más colectivo.

Un siglo después, este texto nos convoca a reflexionar sobre nuestra actual realidad, pues la construcción de condiciones de vida digna está de nuevo en juego. Esta columna será corta ante el largo camino que implicará la defensa de los derechos humanos, la búsqueda de la verdad y la justicia para las víctimas de violaciones graves a derechos humanos en el país. A pesar de la insistencia sobre los riesgos de la relección de la actual titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) desde organizaciones de la sociedad civil, movimientos sociales, personas de la academia, entre otros sectores, el sistema político mexicano decidió dejarla por otro periodo más.

Desde un análisis político de lo simbólico y de lo narrativo, es preocupante que no haya elementos positivos para la ratificación de la titularidad de un organismo que, por un lado, debería garantizar la autonomía de la protección a los derechos humanos; por el otro, que se refrende el apoyo a una persona que no sólo ha sido omisa en la emisión de rec omendaciones hacia temáticas que atentan directamente hacia el sostén de la vida, como lo referente a la Guardia Nacional o de la ausencia de pronunciamientos hacia la crisis de violencia que se vive en Chiapas, sino que ha respaldado acciones de gobierno que vulneran las condiciones democráticas desde los más altos estándares en materia de derechos humanos.

Como se ha colocado desde distintas organizaciones de la sociedad civil, la actuación de la CNDH no radica en el número de recomendaciones emitidas, sino en su posición política e institucional hacia acciones y entidades que ponen en vulnerabilidad a grupos históricamente discriminados, en la capacidad de escuchar y atender las necesidades de las víctimas, de abrir diálogos para la transformación de conflictos sociales y de construir condiciones para la dignidad humana.

Sin embargo, esto refleja que fue una decisión de Estado, cuyo actuar se suma a los distintos intentos institucionales y normativos en donde se ha colocado en una balanza la vulneración de los marcos de protección internacional y nacional de los derechos humanos, en medio de una crisis de violencia agudizada por el narcotráfico y el crimen organizado que está disputando tanto el control territorial, como la vida en sí misma.

¿De qué sirve una CNDH sin autonomía? ¿De qué sirve si este organismo garante de derechos humanos no respeta su propia normativa y función política e institucional? ¿Cómo se garantizan verdad, justicia y memoria para las víctimas de los crímenes del Estado desde una institución que está aliada a éste? Durante este proceso de designación de titular se ha viciado el sufragio para una selección que represente los intereses de las poblaciones en situación de vulnerabilidad y de quienes, aun la justicia y la verdad, no es una realidad. Si bien, la decisión institucional está tomada, la determinación política aún está en la cancha de la sociedad civil organizada.

Por ello, es importante que mantengamos nuestra observancia y utilicemos los mecanismos de exigencia para la protección de derechos humanos en la búsqueda de verdad y justicia. Requerimos encontrar formas para incidir y garantizar una autonomía efectiva, a pesar de la relección, porque la construcción de la dignidad no depende de una institución alienada, sino del poder de la colectividad organizada.

*Directora del Centro Vitoria