Zacatecas, Zac. La Secretaría de la Función Pública (SFP) de Zacatecas realiza una investigación a fondo sobre hechos de corrupción e irregularidades administrativas en el proyecto de construcción de la presa Milpillas, en el municipio de Jiménez del Teúl, obra que fue planeada en 2016 por el anterior gobierno local del PRI, en la que se invirtieron 217 millones de pesos, pero de la que no se ha colocado una sola piedra.

Ernesto González Romo, titular de la SFP, informó que se presume colusión entre autoridades de la administración del entonces mandatario estatal, Alejandro Tello Cristerna, con funcionarios a nivel federal encabezados por el priísta Enrique Peña Nieto, quienes simularon una auditoría e investigación, donde se determinó que no había responsables; no obstante, dijo, vamos a ir fondo, porque sí hay materia para indagar.

Una de las múltiples irregularidades que se detectaron es la asignación de 45 millones de pesos a un subcontratista para pagar las tierras ejidales donde se erigiría la presa, cuando a los campesinos sólo les pagaron 4.5 millones de pesos.

En su reciente visita de trabajo a Zacatecas, el 8 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su interés por retomar la edificación del embalse, junto con un acueducto de 165 kilómetros de longitud, para llevar agua potable a la zona metropolitana de la capital.

No obstante, según González Romo, primero es necesario auditar el proyecto para el cual en noviembre de 2016 fueron suscritos 23 distintos convenios por un monto global de 217 millones 196 mil pesos.

En entrevista, el funcionario detalló: para el concepto de regularizar los regímenes de propiedad privada, así como terrenos de carácter ejidal o comunal, se suscribieron tres contratos con dos empresas por 25 millones 549 mil pesos y el otro por 18 millones 536 mil.

Asimismo, se firmaron 11 acuerdos para estudios de factibilidad geotécnica, diseño de mezclas, prospección arqueológica, taludes y cambio de uso de suelo, por 106 millones 443 mil pesos.

También se signaron documentos para el proyecto de la presa y de salvamento arqueológico por 37 millones 870 mil pesos y otros seis para pago de estudios de impacto ambiental, cambio de uso de suelo forestal, pruebas, evaluaciones, manifiestos, gerencia y acompañamiento, por un total de 28 millones 789 mil pesos.

El titular de la SFP refirió que debido a que el origen de los recursos públicos destinados al arranque de la construcción de la presa principalmente eran del ámbito federal, casi desde el principio hubo fechas de investigaciones y detección de irregularidades diversas.

El 3 de septiembre de 2021 se emitió una resolución donde se señaló como presuntos responsables de malversación de recursos a Luis Fernando Maldonado, empleado de la Secretaría del Agua y Medio Ambiente (SAMA), y a Nancy Espinoza, coordinadora jurídica de la misma. Ambos impugnaron, pero al primero le confirmaron una sentencia de un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos. En tanto, Víctor Carlos Armas, titular de la SAMA, y Adriana Vargas, coordinadora administrativa, fueron acusados de abuso de funciones.

Todas las presuntas irregularidades, indicó Ernesto González, ya se habían investigado, pero “en todos los casos el fallo era que supuestamente los funcionarios públicos que firmaron todos los contratos no tenían facultades para hacerlo, como una forma de buscar exculparlos.

Fue una manera de simular que se indagó, pero nosotros estamos yendo al fondo, porque se pagaron conceptos exagerados en diversos rubros, destacó.