La Comisión Interamericana de Derechos Humanos advierte en su página web que se encuentran temporalmente cerradas sus oficinas centrales, F Street 1889, en Washington, DC (https://shorturl.at/kifJQ) y que “está en el proceso de transición del nuevo sistema interno de gestión de documentos de peticiones, casos, y medidas cautelares”.
Pero la ocasión era excepcional: hasta allá llegaron decenas de trabajadores y funcionarios del Poder Judicial mexicano, apadrinados por el ministro de la Suprema Corte Javier Laynez Potisek. No pregunten cuánto costó ni quién pagó el desplazamiento de aquel contingente de quejosos hasta la fría capital estadunidense y su alojamiento allí; no vayan a pensar que los abogados hubiesen podido incurrir en el error primario de confundir esa instancia de la OEA con una corte de constitucionalidad, no; consideren únicamente la cuestión de fondo: acudieron a presentar su querella ante un bestial y masivo atropello a los derechos humanos por Estado que se encuentra, según rezan las consignas acuñadas en esa misma ciudad, “en una deriva autoritaria”. Oh.
Es cierto que muchos de sus alegatos iban en el sentido de que el Legislativo mexicano cometió un acto de demolición del estado de derecho, la separación de poderes y la institucionalidad democrática. No usaron la palabra “dictadura”, pero por allí iba la cosa. El regalo argumental no estaba dirigido directamente a los anfitriones, sino a la entidad superior, la OEA, a la que siempre le vienen bien esas acusaciones para instigar la demolición del estado de derecho, la separación de poderes y la institucionalidad democrática en algunos de sus países miembros.
Pero como la CIDH se ocupa de derechos humanos, proliferaron las quejas por asuntos de este ámbito. Se denunció, por ejemplo, un “proceso masivo de destitución arbitraria”, lo que vendría a ser “una violación masiva de derechos humanos”.
Bueno, sí, los laborales forman parte de los derechos humanos, pero es un poco extraño que unos trabajadores de confianza hagan de su despido una bandera, sobre todo si el tal despido va acompañado de una liquidación –y en no pocos casos, de una pensión vitalicia– más que jugosa, y si la separación del cargo es consecuencia de la aplicación de un mandato constitucional.
Ah, pero eso no es nada. Se acusó al Estado de poner en riesgo a los empleados judiciales de sufrir una votación tumultuaria, lo que decididamente contraviene la integridad y la dignidad de las personas.
¿Quieren más? Bueno, pues resulta que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos ha dado curso legal a prácticas de tortura como la privación de sueño –y es que los quejosos no han podido dormir desde que Andrés Manuel López Obrador presentó la iniciativa de reforma, el 5 de febrero de este año. Imagínense lo que significan nueve meses sin pegar el ojo.
Pero falta: esta protodictadura brutal ha perpetrado la desaparición forzada de los privilegios de miles de honestos ciudadanos; los ha privado de su libertad para vender fallos al mejor postor; ha violado su derecho a la privacidad al informar al público las prestaciones de que gozan; les ha negado el derecho a llevarse consigo el automóvil oficial cuando dejan el cargo; ha incurrido en la ejecución extrajudicial de sus proyectos de vida; ha causado mutilaciones graves a su nepotismo y lo peor, lo peor, ha llevado a cabo un genocidio de seguros médicos privados.
Los integrantes de la Comisión escucharon horrorizados los testimonios y los lamentos de los perseguidos, reprimidos, violentados y despojados y en más de una ocasión, al no poder soportar tanto horror, recurrieron a un procedimiento discreto y sutil para poner fin a la narración de atrocidades: “ya te pasaste de tiempo”.
No era para menos: ante los crímenes de lesa humanidad y las violaciones a los derechos humanos allí expuestos, lo hecho por los regímenes priístas es un juego de niños, la violencia contra la población que practicaba el espuriato de Felipe Calderón es un caramelo, Pinochet es un osito de peluche y las masacres de Hitler y de Netanyahu vienen resultando meros trabajos de secundaria.
Tengan por seguro que la instancia interamericana urdirá alguna manera de frenar la catástrofe que se cierne sobre nuestra dolida patria y de remediar y castigar la horrenda situación en la que la inhumana legislatura emanada de una voluntad popular claramente sádica ha sumido a cientos de empleados tribunalicios.
Pero, como dice su título, este texto es una fábula y los hechos consignados nunca ocurrieron. Los empleados y funcionarios del Poder Judicial que testimoniaron ante la CIDH son personas honorables y leales a su país que nunca se prestarían a hacer un ridículo semejante y mucho menos a azuzar una intervención extranjera en los asuntos nacionales. O sea que nunca fueron a Washington. Y además, las oficinas de ese organismo están cerradas.
