Ciudad de México. María Soledad Hernández Mena, hija de Arturo Hernández Cardona, ex dirigente de la Unidad Popular (UP) de Iguala, Guerrero, quien fue asesinado en 2013, demandó la reinstalación de las medidas de protección que le fueron asignadas a solicitud de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), pero que el gobierno le retiró “unilateralmente” desde hace nueve meses.

En conferencia de prensa, denunció que su vida y la de su familia sigue en riesgo pues ha habido un aumento de hostigamiento en su contra desde la confirmación de la sentencia de 92 años de prisión al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, por el secuestro de seis personas, incluido el de su padre, quien fue torturado y ejecutado.

Indicó que por ello es necesario que además de que se le reinstale la protección, ésta se amplíe a sus hermanas y a su madre Carolina Mena Marchan, así como a los testigos y al ex integrante dela UP, Iguala, Guerrero, del asesinato de su padre, como Héctor Arroyo Delgado, quien igualmente teme por su vida.

La organización Red Solidaria Década Contra la Impunidad, que acompaña este caso, detalló que el 6 de agosto pasado “robaron el departamento” que habita Carolina, hija de Arturo, quien ya realizó la denuncia correspondiente, “pero hasta hoy no hay avance alguno”.

Por su parte, Héctor Arroyo Delgado denunció que lo han buscado supuestos agentes de la fiscalía que lo señalan como testigo, pero no sabe de qué delito, y quienes en julio pasado acudieron a uno de sus domicilios en Guerrero, en donde “se metieron a la casa, rompieron las chapas”.

El asunto “es que hemos sido perseguidos, hace una semana me habló alguien de la fiscalía que ya había encontrado mi domicilio en la Ciudad de México… me dijo que me estaban esperando afuera, que traían una información”, mencionó.

Ante esta situación, enfatizó, “lo que pido al Estado mexicano es que respete la vida de mi familia, ya que a mi esposa también la persiguen”.

Fray Julián Cruzalta, integrante de la citada organización, manifestó que se requieren “más esfuerzos para la protección de las defensoras y defensores de derechos humanos, por eso la Red reitera la solicitud al Estado mexicano de brindar medidas cautelares” para María Soledad, su familia y los testigos del asesinato de Arturo Hernández Cardona.