Nuevo Laredo, Tamps. Familiares de víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por personal militar se reunieron este miércoles con la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal y representantes del gobierno estatal, con el objetivo de denunciar los abusos que afectan tanto a civiles como a trabajadores del campo en la región.

Los testimonios de ganaderos, transportistas y rancheros locales dieron cuenta de una serie de denuncias contra el personal militar, que incluye desde acoso y robo de pertenencias hasta el robo de ganado.

Los choferes de tráileres, Francisco Mondragón García, Arturo Carlos Santiago, Juan Estrada y Amado Cano, señalaron que en el kilómetro 26, un anticonstitucional retén militar se les detiene ilegalmente, les roban dinero y objetos personales, además de abrir las cajas de los camiones para revisar mercancías, lo que les genera pérdidas económicas y complicaciones legales. La exigencia común entre los afectados es que el retén sea retirado, ya que su presencia vulnera el derecho constitucional al libre tránsito.

Edgar Netro Acuña, asesor jurídico de las víctimas, detalló que en la zona rural, en la brecha que conecta con el ejido Vicente Guerrero, se ha reportado la presencia de un grupo de militares que están sometiendo a los residentes de los ranchos a constantes revisiones, intimidaciones y hasta interrogatorios.

Los afectados, que son en su mayoría ganaderos y trabajadores del campo, denunciaron que los militares, además de revisar vehículos y celulares, los acusan de portar armas ilegales cuando en realidad las que poseen están registradas, ya que son una herramienta necesaria en la zona rural.

En la reunión, los rancheros y otros afectados expresaron su temor de que los abusos por parte de los militares continúen y se intensifiquen. Los colonos denunciaron robos de alimentos, herramientas y hasta material de trabajo, además de reportar que en ocasiones los militares interrogan a las mujeres y jóvenes de la zona, lo que ha causado alarma en la comunidad.

Ante la creciente preocupación, se solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) realizar una investigación sobre la identidad de los militares involucrados y su presencia en una zona alejada y sin justificación clara. La respuesta del gobierno local fue comprometerse a realizar las indagatorias necesarias, aunque sin ofrecer detalles sobre plazos específicos para esclarecer estos hechos.