De 2019 a la fecha, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México registró 158 mil 450 reportes de extorsión, de los cuales las víctimas han sido empresarios, comerciantes y ciudadanos que, en su mayoría, por medio de llamadas telefónicas, recibieron el chantaje.

Este año, de acuerdo con las cifras del organismo, 55 por ciento de las atenciones que se proporcionaron fueron por cobranza ilegítima, en segundo lugar estuvieron las amenazas y en tercero supuestos grupos delictivos que exigían el pago de cuotas.

Las alcaldías con mayores reportes fueron Iztapalapa, Gustavo. A Madero, Cuauhtémoc, Álvaro Obregón y Tlalpan.

Asimismo, el consejo reportó en su informe que 72 por ciento de las extorsiones no se concretaron, el resto, 28 por ciento, sí se consumaron, lo que implicó para las víctimas realizar pagos de hasta 10 mil pesos.

Ante el anunció del Gobierno de la Ciudad de México de que combatirá el delito de extorsión, el consejo se sumó a la estrategia para promover que se denuncie, por medio de talleres y pláticas que serán dirigidas a comerciantes y redes vecinales.

Además, brindará asesorías las 24 horas del día, los siete de días de la semana, en la línea de seguridad 55 5533 5533. También, por medio de la aplicación, la víctima podrá digitar el número desde el que le marcan, así como el signo de más y la palabra extorsiones para bloquear el teléfono. Esta aplicación obstaculiza más de 600 mil números identificados para generar violencia.

A pesar de que anteriormente las llamadas de extorsión provenían de penales de la Ciudad de México, los registros del consejo detallan que en la actualidad estas comunicaciones telefónicas pueden ser de cualquier parte, incluso de Centro y Sudamérica, así como de otros continentes, como Asia.

Las extorsiones también han escalado porque se ejercía contra empresarios y propietarios de locales comerciales, pero las víctimas pueden ser un vendedor de vía pública o un ciudadano en general.

En febrero pasado, comerciantes de la alcaldía Iztapalapa denunciaron cómo eran presionados para pagar las extorsiones, tanto al comercio establecido como al de vía pública. Los pagos que pedían iban desde 100 hasta mil pesos por día, según el giro de cada establecimiento.

La situación era igual para tamaleros, tortilleros, restaurantes, así como para los grandes negocios que recibieron amenazas por debajo de la puerta, en letreros pegados en las cortinas o con fotos intimidatorias y llamadas con acento colombiano.