Ciudad de México. El sindicato United Steelworkers (USW) presentó este martes ante el gobierno de Canadá una denuncia al amparo del mecanismo laboral T-MEC contra la minera Camino Rojo, ubicada en Zacatecas, al acusar que los trabajadores han enfrentado “agresiones y amenazas de muerte” después de afiliarse al Sindicato Nacional Minero, que encabeza el diputado federal Napoleón Gómez Urrutia.
En su solicitud, el sindicato metalúrgico internacional exigió que un panel independiente investigue y aborde las presuntas violaciones a los derechos de los trabajadores de la sección 335 en la mina de oro y plata, propiedad de la compañía canadiense Orla Mining.
Actualmente, la mina Camino Rojo localizada en el municipio de Mazapil, está sujeta a una investigación bajo el mecanismo laboral de respuesta rápida (MLRR) por parte del gobierno de Estados Unidos, quien pidió a México una indagatoria.
De proceder esta nueva solicitud, sería la segunda queja bajo el MLRR sobre el mismo caso, pero ahora ante el gobierno canadiense.
Las organizaciones sindicales alegaron que a pesar de que el gobierno mexicano ha reconocido oficialmente al sindicato minero como el representante legal de los obreros en la mina Camino Rojo, ésta los “ha presionado” para que se unan a un sindicato de “protección” patronal, afiliado a la Federación Nacional de Sindicatos Independientes (FNSI).
Marty Warren, director canadiense de USW, señaló que México “ha visto una historia de corporaciones corruptas que utilizan la violencia, la intimidación e incluso el asesinato para sofocar la resistencia” de los trabajadores.
“Sería inaceptable que una empresa minera canadiense se vea asociada a estas tácticas. Los trabajadores deben poder organizarse y afiliarse a sindicatos sin temor”, afirmó.
La USW, que agrupa a 1.2 millones de trabajadores acereros de Estados Unidos y Canadá, recordó que desde junio pasado los mineros de la sección 335 denunciaron “haber sido intimidados con violencia, amenazas de despido y, finalmente, amenazas de muerte”, lo que motivó al gobierno de Estados Unidos activar la queja laboral número 27, en agosto pasado.
