El Centro Federal de Reinserción Social Femenil (Cefereso) 16, en Morelos, “es el escenario de una de las crisis más alarmantes en materia penitenciaria en nuestro país, no sólo por las deficientes condiciones de internamiento, sino por las continuas muertes de las mujeres privadas de la libertad”, un total de 19 en los recientes cuatro años, denunciaron organizaciones civiles y el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Ante ello, Edgar Stuardo Ralón, relator de la CIDH para personas privadas de la libertad y combate a la tortura, manifestó su interés de realizar una visita a dicho centro federal para conocer las condiciones de internamiento, para “buscar oportunidades de apoyo y recoger información en terreno”.

En audiencia pública, por parte del Estado mexicano, Evangelina Hernández, coordinadora de estrategia institucional de la Secretaría de Gobernación, lamentó los 19 suicidios, pero subrayó que “no hemos sido ni omisos ni indolentes”.

En Washington, Estados Unidos, las organizaciones Asilegal, Documenta, la Asociación Interamericana para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, entre otras, afirmaron que en el Cefereso 16 ha habido intoxicamiento por alimentos y casos de tortura y malos tratos.

Asimismo, apuntaron algunos de los factores que podrían ocasionar los suicidios e intentos de autolesiones en las internas, como “el prolongado aislamiento en las estancias, la deficiencia en los mecanismos de comunicación con sus familias y seres queridos, la lejanía del lugar en donde llevan sus procesos, los traslados forzados (de otros estados al Cefereso 16)”, así como la falta de medidas para la reinserción social y acceso a servicios de salud, física y mental digna, entre otras.

Cristopher Alexis Sánchez, de Asilegal, expuso que la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad 2021 documentó que las mujeres en este centro “están confinadas por hasta 24 horas en sus estancias de internamiento, sin acceso a actividades recreativas o de educación”.

Con respecto a los traslados de internas a dicho centro federal, refirió que el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura evidenció en un informe especial, “que de 2018 a 2022 se realizaron 293 traslados involuntarios al Cefereso 16, muchos de los cuales no estaban justificados debidamente”.

Taissia Cruz Parcero, directora general del IFDP, indicó que la mayoría de las mujeres que han fallecido en dicho centro federal “presentaban problemas como ansiedad, depresión y otros padecimientos de salud mental graves, así como conductas de riesgo suicida; sin embargo, el sistema penitenciario no les brindó el tratamiento necesario ni un plan de apoyo integral para mejorar su salud física y mental”.

Ante ello, las organizaciones solicitaron que en un plazo no mayor a 15 días se instale una mesa de trabajo multidisciplinaria, donde en el centro estén las voces de las mujeres, y que participen expertos en derechos humanos y salud mental, así como sociedad civil, para desarrollar en conjunto un plan integral de respuesta con enfoque en un mecanismo de riesgo suicida.

Igualmente pidieron que se declare la alerta de violencia de género y que se lleve a cabo una investigación rigurosa de las muertes en custodia.

En tanto, la representación del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social resaltó que el Cefereso 16 fue diseñado para alojar a 2 mil 528 personas, pero actualmente cuenta con una ocupación de 928, es decir el 37 por ciento de su capacidad.

Acotó los suicidios a un tema de abandono familiar, el traslado de sus lugares de origen al Cefereso 16, el deterioro en la salud física y mental previo a su ingreso al centro federal y “la exclusión que padecen en sus dinámicas familiares”, así como “el impacto que tiene la notificación de sentencias condenatorias y la falta de seguimiento por parte de sus defensores legales”.

Abel Galván Gallardo, fiscal especial de investigación y litigación en materia de derechos humanos de la Fiscalía General de la República (FGR), expuso que esta institución ejerció su facultad de atracción de las investigaciones iniciadas por la fiscalía de Morelos el 7 de diciembre del 2023, y aunque se determinó que por las características específicas de los hechos, los decesos tenían la apariencia de suicidios; las indagatorias se radicaron por el delito de feminicidio.

Aseguró que la FGR elaboró un plan de investigación integral que explora todas las posibles líneas de investigación que permitan allegarse de datos para el debido esclarecimiento de los hechos, y que ha recabado 172 entrevistas de mujeres privadas de la libertad y familiares relacionados con las víctimas; 33 entrevistas de personal de seguridad del Cefereso; 440 entrevistas de personal médico, sicológico, siquiátrico, enfermería y de trabajo social; así como inspección de las celdas y los lugares donde perdieron la vida las mujeres.

Evangelina Hernández destacó que el problema también “requiere la urgente concurrencia del Poder Judicial, ya que hasta hoy las mujeres del Cefereso 16 carecen de una administración de justicia con perspectiva de género que les garantice una reclusión con propósito”.

Enfatizó que esta situación demanda igualmente la participación activa de la Defensoría Pública Federal, y acusó que “se tienen testimonios del abandono de los casos, la falta de comunicación que les genera desesperanza al no conocer del estatus de sus procesos y la falta de promociones para garantizar su derecho a la justicia”.

El Estado mexicano acompañó su comparecencia con imágenes que contrastaban con lo denunciado por las organizaciones y con los 19 suicidios que se han registrados, seis de ellos en el año 2024, pues mostraron escenas de mujeres en actividades recreativas, y un video en donde se reúnen con sus familias.

Hernández aseveró que como parte de las medidas para evitar la repetición de los hechos se creó el modelo de atención integral, consistente en el establecimiento de siete mesas de trabajo, en las que de manera integral y multidisciplinaria se abordan temas específicos de salud, seguridad, análisis e inteligencia, aspectos jurídicos, actividades culturales, deportivas, seguimiento de temas administrativos y de servicios al interior e intervención psicoterapéutica.

Indicó que se han realizado brigadas de atención a la salud mental, se han seguido protocolos y se han realizado diagnósticos, así como se han realizado traslados de internas a otros estados.

La relatora de la CIDH para México afirmó que no es momento de asignar responsabilidades, sino discutir qué se puede hacer para fortalecer las políticas.