Ciudad de México. La reciente reforma al Poder Judicial “era necesaria para recobrar la confianza ciudadana” en el sistema de justicia mexicano, toda vez que en el país “los jueces han faltado en su deber de impartir justicia”, aseveró José Antonio Montero Solano, director de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En representación del Estado mexicano, señaló que los juzgadores “han liberado a delincuentes comunes y peligrosos, a narcotraficantes; han dictado sentencias sin perspectiva de género; han legalizado el despojo de tierras de pueblos indígenas y está ampliamente documentado el nepotismo” de los poderes judiciales federal y de los estados.

En audiencia pública en Washington, Montero Solano defendió que la reforma judicial es “un gran paso en democratización” y destacó cinco aspectos relevantes de las recientes modificaciones constitucionales en la materia, como son: independencia judicial, gradualidad de la reforma, el respeto a los derechos laborales de los trabajadores; los requisitos de elegibilidad y los métodos de elección de los jueces y magistrados para los años 2025 y 2027.

También, por parte del Estado mexicano, Luz Elena Baños Rivas, Representante Permanente de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), coincidió en que la reciente reforma judicial aprobada por el Congreso respondió a la necesidad de eficientar el sistema judicial nacional, para “combatir la corrupción y el nepotismo y para garantizar la transparencia y rendición de los jueces” en el país.

Sostuvo que el proceso para aprobar las modificaciones se ajustó al marco normativo nacional, “altamente estructurado, lo que asegura tanto la legalidad como la legitimidad de las reformas propuestas”.

Durante la sesión, Baños Rivas explicó el proceso legislativo que siguió la aprobación de la reforma judicial, desde los diálogos nacionales que se desarrollaron en febrero pasado, hasta la aprobación en el Congreso de la Unión, las legislaturas locales y la promulgación en el Diario Oficial de la Federación.

La comisionada presidenta de la CIDH, Roberta Clarke, apuntó: “parece que hay consenso en que es necesario reforma el sistema de justicia, no sólo en el Poder Judicial. Pero este proceso de reforma debe fortalecer la independencia, la imparcialidad y la eficacia”.

Por su parte, el comisionado de la CIDH Carlos Bernal Pulido, consideró que la reforma “es un ejemplo de manual de abuso constitucional”, ya que debió de recibir un análisis profundo; sin embargo, en el caso de México fue “pasada en horas”.

En tanto que la relatora para México del organismo internacional, Andrea Pochak, señaló que la CIDH advirtió en los últimos años un “déficit del sistema judicial”, que no sólo incluye al poder en la materia, sino a las fiscalías y defensorías públicas.

En este sentido, cuestionó por qué la reforma no incluyó a las Fiscalías y cómo garantizar que juristas probos participen en esta elección.

Apuntó que el sistema interamericano ha conocido, incluso, “sobre las resistencias del propio sistema judicial” a recibir reformas sobre su funcionamiento. Por ejemplo, expuso, “hemos recibido información sobre la declaración de inconstitucionalidad de muchas leyes que promovían evitar privilegios”.

En la sesión, las organizaciones y los grupos de juzgadores como la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) reiteraron los señalamientos de los últimos meses, respecto a que existen riesgos a la independencia judicial por la reforma aprobada.

Juana Fuentes, directora de esta asociación, argumentó que los recientes cambios implican la destitución masiva de personas juzgadoras; cambio del sistema de méritos por el de elección de titulares por voto popular; la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial, y una regresividad de derechos laborales.

En la sesión de la CIDH, en la que estuvo presencialmente el ministro de la Suprema Corte, Javier Laynez Potisek para apoyarlos, los juzgadores y magistrados también manifestaron su preocupación por el proceso de selección y el cese de jueces para los años 2025 y 2027, lo cual, consideraron, “generará un ambiente de incertidumbre e inestabilidad en el sistema de justicia”.

Asimismo solicitaron a la CIDH que pida al Estado mexicanoun informe que haga público sobre la reforma al Poder Judicial, que instale un Mecanismo Especial de Seguimiento y que solicite una Opinión Consultiva a la Corte Interamericana sobre estándares interamericanos en materia de independencia judicial, entre otros planteamientos.