Ciudad de México. Martín Ezequiel Bustos Concone, ciudadano argentino presunta víctima de tortura y detención arbitraria en 2007 por agentes federales en la Ciudad de México, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que lleva más de 17 años en prisión acusado de secuestro, con la única prueba de “una declaración autoinculpatoria forzada a golpes y descargas eléctricas”.

En audiencia pública, en respuesta, la representación del Estado mexicano reconoció que actualmente está abierta una carpeta de investigación por tortura en contra de Bustos Concone, pero aseguró que el quejoso fue detenido en flagrancia y en su proceso penal ha tenido acceso a recursos legales efectivos.

En una videollamada, desde el Reclusorio Preventivo Varonil Sur en la capital del país, la presunta víctima solicitó a la CIDH que al emitir sus conclusiones de fondo sobre este caso considere la responsabilidad del Estado mexicano, que “me lesionó múltiples derechos” y “negó el acceso a un juicio que pueda considerarse justo”.

Relató que fue detenida por personal de la extinta Agencia Federal de Investigación, en el marco de la llamada guerra contra el narcotráfico. “Hubo golpes propinados con la mano y con tablas, fui sometido a descargas eléctricas propinadas en la entrepierna, cabeza y cuello. (Sufrí) amenazas de todo tipo, de índole sexual, para con mi familia, y fui filmado desnudo en la vía pública”, sostuvo.

Indicó que debido a estas violencias a la fecha sufre secuelas, como “luxaciones prácticamente constantes en la mandíbula”, pérdida auditiva del lado derecho y trastornos depresivos, así como estrés postraumático crónico, entre otros.

Bustos Concone aseguró que pese a ello, de los cuatro dictámenes médicos que se le realizaron tras la tortura, no quedó acreditado este hecho.

Afirmó que no hay testigo que le señale de secuestro, más que dos policías, cuyo comandante “les instruyó para que declararan haberme detenido, cuando fue ese mismo comandante el que me detiene”.

Otra presunta evidencia, dijo, son unos supuestos mensajes de celular “que ni siquiera son míos, sino de los agentes que me habían detenido y estaban enviando mensajes desde mi teléfono, se nota claramente el tipo de redacción”.

A su vez, Rafael Guillermo Sánchez, fiscal especial de delitos cometidos por personas servidores de la institución de la Fiscalía General de la República (FGR), señaló que la averiguación previa que involucra a Bustos Concone inició en 2007 luego de que Blanca Estela Sánchez Díaz denunció el secuestro de su hermano Andrés, quien a la fecha sigue desaparecido.

Señaló que el detenido ha sido asistido por defensores públicos como privados y contó “con un juicio natural”, diversos recursos de apelación y juicio de amparo, lo que evidencia “que tuvo acceso a recursos efectivos y a la protección judicial” a la que alude la Convención Americana de Derechos Humanos.