Washington y Nueva York. El presidente electo Donald Trump indicó que sellar la frontera con México e iniciar deportaciones masivas de indocumentados estará entre sus principales e inmediatas prioridades, al incluir entre sus primeros nombramientos de gobierno a Stephen Miller, el arquitecto de sus políticas antimigrantes ahora y durante su primer periodo en la presidencia, como subjefe de gabinete para políticas, y Tom Homan, ex jefe de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), como su zar fronterizo.

Los nombramientos de Homan y Miller –el segundo aún no anunciado por el presidente electo, pero sí por el vicepresidente electo JD Vance y otros ayer– fueron recibidos como confirmación de que desde su primer día en la presidencia, Trump tiene la intención de empezar a cumplir sus promesas antimigrantes. En un mensaje en la red social X, Trump anunció que Homan se encargará de la frontera sur, la frontera norte, y toda seguridad marítima y aérea. Además, señaló en su mensaje que Homan estará encargado de toda deportación de extranjeros irregulares de regreso a sus países de origen.

Homan inició su carrera profesional en la Patrulla Fronteriza y escaló hasta llegar a ser jefe de aplicación de ley y expulsiones durante el gobierno de Barack Obama, quien mucho antes de Trump se ganó el apodo de críticos de deportador en jefe por el número elevado de deportaciones y expulsiones de migrantes durante su administración.

Como jefe en funciones de ICE en el primer año y medio de la primera presidencia de Trump, Homan fue el encargado del dramático incremento de deportaciones e implementó la medida de separar por la fuerza a por lo menos 5 mil niños de sus familias inmigrantes. Cuando preguntaron a Homan si había sido el autor de esta medida en una entrevista reciente con CBS News, respondió: no redacté el memorándum para separar familias. Firmé el memorándum. Al plantearle si esta medida debería de ser considerada otra vez, respondió: necesita ser considerada, absolutamente. Agregó que tal vez en el próximo gobierno de Trump no necesitaría separar las familias, porque éstas podrán ser deportadas juntas.

Trump ha prometido la deportación masiva más grande en la historia del país. Pero analistas señalan que implementar tal operación sería muy caro. El American Inmigration Council, en un informe emitido a principios de octubre, calculó que el costo de deportar a unos 13 millones de inmigrantes podría ascender a 968 mil millones de dólares. Pero Trump, en uno de sus primeros comentarios después de su triunfo electoral, repitió que no importa el costo, se necesita hacer.

Miller contempla arrestos con la Guardia Nacional

Elevar a Miller a subjefe de gabinete en la Casa Blanca también envía la señal de que el presidente desea proceder con su deportación masiva y obtener los recursos lo más pronto posible. Según el propio Miller y otros, entre las propuestas ya elaboradas se contempla el uso de la Guardia Nacional para realizar arrestos masivos, instalar campos de detención de inmigrantes indocumentados y declarar una emergencia nacional con el fin de emplear fondos y personal gubernamental no autorizados para este propósito en las redadas.

El equipo de Trump ya elaboró las órdenes ejecutivas que podrían ser firmadas el 20 de enero de 2025, día en que Trump tomará posesión. Entre estas órdenes se incluyen las de permitir la expulsión expedita de indocumentados y restablecer la emergencia bajo el llamado Título 42, que también facilita las expulsiones. Miller ha dicho que el nuevo gobierno tiene la intención de restaurar el programa Quédate en México, que obligaría a inmigrantes que solicitan asilo a esperar en dicho país mientras se procesan sus peticiones, aunque expertos dicen que eso requiere la aprobación del gobierno de México.

Algunos indican que será muy difícil implementar estas medidas. Trump ha repetido que está usando de modelo para su propuesta la medida empleada por el presidente Dwight Eisenhower en 1954, que fue la operación de deportación más grande en la historia del país. La Operation Wetback, como se conocía, se implementó por medio de la Patrulla Fronteriza, empleando redadas estilo militar para arrestar, detener y deportar hasta unos 1.3 millones de mexicanos indocumentados. Muchos fueron deportados en vagones para ganado en trenes desde Los Ángeles y otras ciudades a la frontera.

Defensores de derechos inmigrantes como la Unión Estadunidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) ya preparan demandas legales para intentar bloquear la implementación de estas medidas, como lo lograron hacer a cierto grado durante el primer gobierno de Trump. Mientras, abogados de inmigración intentan prepararse en lo que uno calificó de tsunami para las comunidades inmigrantes en entrevista con La Jornada (https://www.jornada.com.mx/2024/11/08/politica/002n1pol).

Aunque cabe señalar que aun antes de la llegada de Trump las deportaciones se han incrementado, y de hecho el presidente Joe Biden deportó a más indocumentados en 2023 que Trump en cualquiera de los años de su primer gobierno, lo que se avecina es un ataque antimigrante sin precedente.

Estas medidas, según Miller, también podrían ser acompañadas de planes para anular varios programas de protección temporal para indocumentados. Entre ellos, un programa que ha permitido a solicitantes de asilo provenientes de Cuba, Venezuela, Haiti y Nicaragua ingresar de manera temporal a Estados Unidos mientras se procesan sus casos. Igualmente se está contemplando eliminar el programa DACA, que otorgó la legalización temporal a los llamados dreamers –aquellos que como menores de edad fueron traídos a este país por familiares– y otro programa más, de Estatus de Protección Temporaria o TPS, otorgado a inmigrantes de ciertos países considerados peligrosos.

Dos senadores cercanos a Trump, Lindsey Graham y Ted Cruz, también han propuesto modificar las leyes para que a los hijos de inmigrantes indocumentados que nacen en Estados Unidos no les sean otorgada la ciudadanía de manera automática, pero eso requiere de un cambio en la Constitución de Estados Unidos.

Evaluaciones desde Mar-a-Lago

Mientras, continúa de manera acelerada el concurso para llenar puestos claves del próximo gobierno de Trump, después del primer nombramiento de Susie Wiles, copresidenta de la campaña del republicano, como jefa de gabinete, la primera mujer en ocupar ese puesto en la historia.

Según cuentan los medios, Trump tiene una sala de situaciones instalada en su mansión Mar-a-Lago en Florida, donde está evaluando dossiers digitales de posibles candidatos para puestos estratégicos en su gobierno. Ahí está acompañado por un grupo reducido que incluye en diferentes momentos al vicepresidente electo JD Vance, y un par de multimillonarios, Elon Musk, dueño de Tesla, X y SpaceX, y Howard Lutnick, jefe de la empresa de servicios financieros Cantor Fitzgerald y quien es copresidente del equipo de transición.

Este equipo también anunció ayer que la diputada federal derechista Elise Stefanik será la embajadora ante la Organización de Naciones Unidas y que el ex diputado federal Lee Zeldin encabezará la Agencia de Protección Ambiental donde desmantelará regulaciones ambientales y promoverá la ampliación de la producción de combustibles fósiles que prometió Trump en la campaña.