Las muertes por suicidio de mujeres privadas de la libertad en el Centro Federal de Reinserción Social Femenil (Cefereso 16), en Morelos, continúan en aumento, pese a la denuncia reiterada de organizaciones civiles que han advertido un patrón alarmante de negligencia y falta de protección. De 2022 a 2024 suman 19 internas que se han quitado la vida, eran mujeres de entre 20 y 43 años de edad, algunas con intento suicida previo, y otra con un amparo para recibir atención en salud mental.

Por ello, Documenta, Asilegal y el Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), entre otras, denunciarán estos casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en una audiencia que se celebrará el próximo martes, para exigir que se investiguen.

El Cefereso 16 es el único centro penitenciario federal para mujeres, y en 2023 fue el penal federal con más reportes de suicidio, al sumar 11; en tanto que en 2024 son ya seis casos.

Sofía de Robina Castro, secretaria técnica de combate a la tortura del IFDP, aseveró que es necesario que se realice una investigación por estas muertes y se deslinden responsabilidades. Lo que nos dicen las autoridades es que el motivo del deceso en todos los casos es asfixia por ahorcamiento, pero ellos tienen la obligación de dar respuesta porque en todos los supuestos casos son muertes de mujeres que estaban bajo custodia.

En entrevista, expuso que derivado de un análisis de expedientes clínicos, de entrevistas y otros reportes, han podido advertir muchas deficiencias en la atención en salud mental. Lo principal que encontramos es que falta seguimiento a los diagnósticos por especialistas.

Apuntó que hay falta de medicamento y muchas internas han declarado que cuando están disponibles se los dan molidos, a veces no saben si son efectivamente lo que les recetan.

De Robina indicó que también han documentado solicitudes de mujeres que requieren atención sicológica y siquiátrica, pero no se les brinda, y añadió que otro de los factores detectados son las condiciones de aislamiento, así como la falta de redes de apoyo.

Ante este panorama, precisó que además del acompañamiento que realiza el IFDP, han presentado por lo menos ocho denuncias para que se investigue la muerte de igual número de mujeres que se han quitado la vida bajo custodia del Estado.

Resaltó que entre los fallecimientos, hay casos como el de una interna que previamente había tenido un intento de suicidio, quien para evitar que le impidieran quitarse la vida, golpeó a una custodia y por eso le abrieron una investigación por el delito de lesiones. Ello, enfatizó, muestra que lejos de dar atención integral, se les inicia nuevas indagatorias.

Otra de las muertes es la de una mujer que tenía una suspensión vigente para que le brindaran atención a su salud mental, lo que llevó al juez de distrito dar vista al Ministerio Público por falta de tratamiento.

De Robina señaló que aunque el instituto ha intentado acceder a las investigaciones sobre los suicidios para saber si se están conduciendo con debida diligencia, no se le ha permitido bajo el argumento de que no tiene reconocido el carácter de representante de las víctimas.

Nayomi Aoyama, coordinadora de los programas de Sistema Penitenciario y Reinserción Social en Documenta, destacó que si bien la autoridad habla de suicidios, no se pueden calificar estas muertes violentas así, hasta que no haya una investigación porque es una cuestión de una muerte en custodia.

Advirtió que en este caso hay un combo causado por el Estado, que inicia con la inexistencia de programas y servicios de salud mental y continúa con las condiciones torturantes en las que viven muchas.