Los históricos comicios en que por primera vez los ciudadanos votarán por ministros, magistrados y jueces han vuelto a exhibir uno de los aspectos más polémicos del Instituto Nacional Electoral (INE): el despilfarro y la carencia de sensibilidad social con que lleva a cabo sus actividades. Esta semana, su Consejo General presentó un proyecto de presupuesto en el que solicita 13 mil 205 millones de pesos, monto superior en 4 mil 403 millones (50 por ciento) al requerido en las elecciones generales de este año, el cual ascendió a 8 mil 802 millones.

Para justificar este salto presupuestal, el organismo adujo que desea mejorar las remuneraciones de los capacitadores, quienes son los empleados temporales responsables de ubicar y preparar a los funcionarios de casilla. Dicho propósito es sin duda loable, toda vez que sobre estos trabajadores recae el peso de asegurar que los funcionarios designados se presenten el día de la votación debidamente preparados para recibir y contar los sufragios, así como para llenar las actas, las mantas y toda la documentación que da certeza a los electores de que su voto fue respetado. Sin embargo, el apartado de remuneraciones al personal de carácter transitorio; honorarios; remuneraciones adicionales y especiales apenas representa 724 de los 13 mil millones, por lo que de ninguna manera explica semejante incremento.

Además, como señaló la presidenta Claudia Sheinbaum, en estos comicios no compiten partidos políticos, por lo que no es necesario asignar recursos a los mismos y, por lo tanto, el proceso debería ser no más, sino menos costoso que aquellos en los cuales se elige a los titulares del Ejecutivo y el Legislativo. La mandataria también denunció que originalmente los consejeros habían estimado el costo en 7 mil millones de pesos, pero después prácticamente lo duplicaron. De la información dada a conocer se desprende que una parte significativa de este sobrecosto proviene de la generosidad con que el personal del INE se obsequia a sí mismo a expensas de la hacienda pública: el presupuesto incluye beneficios salariales, incluidas gratificaciones especiales y contratación de personal eventual en áreas específicas, además de un pago de estímulos por mil 135 millones de pesos. Todo esto es adicional a los ingresos ordinarios de los funcionarios que, como se ha reiterado en este espacio, son los mejor pagados dentro del de por sí derrochador universo de los organismos autónomos creados en el periodo neoliberal.

Como precisó el Consejo General, el presentado es un presupuesto precautorio, con el cual el instituto busca blindarse ante cualquier eventualidad en un contexto en que los amparos otorgados por juzgados federales y el carácter inacabado de las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial le impiden conocer con exactitud cuestiones clave como el número de casillas a instalar. Cabe esperar que, en cuanto cuenten con el marco jurídico y las certezas necesarias para organizar las elecciones, los consejeros elaboren un nuevo proyecto guiado por la sensatez y el cuidado del dinero de todos los mexicanos. De no ser así, enviarán a la ciudadanía la alarmante señal de que, pese a la salida de los personajes más impresentables de la cúpula del INE, éste sigue atrapado en inercias nefastas que desvirtúan su labor y encarecen de modo injustificable los procesos democráticos.