Uno de los argumentos para calcular el presupuesto para la elección de juzgadores es que se pretende dar más y mejores condiciones a los capacitadores, responsables de ubicar y preparar a los funcionarios de casilla, porque, en efecto, el pago no fue competitivo frente a otros empleos, incluidas tareas similares en otras instancias del sector público.

En preparación de la elección federal 2023-2024, cuyo momento cúspide fue el 2 de junio pasado, y en general todo el proceso, concluido hasta finales de agosto con la ratificación de las candidaturas ganadoras y la integración del Congreso de la Unión, el INE gastó 8 mil 802 millones de pesos.

Ahora, para los preparativos y ejecución de la elección de ministros, magistrados y poco más de 800 jueces, solicitó 13 mil 205 millones de pesos.

Consejeros del INE han señalado que en vista de que no hay una indicación específica por parte del Legislativo, se prevé en primera instancia instalar, como el 2 de junio, 170 mil casillas en todo el país, para acercar este proceso a todos los ciudadanos.

En ese supuesto, se necesitarán igualmente alrededor de 50 mil capacitadores y supervisores cuyo pago rondó entre 9 y 15 mil pesos por todo el trabajo, que en no pocas ocasiones significó más de ocho horas laborales al día y persistencia para convencer a los ciudadanos de prepararse para recibir la votación.

Sin embargo, el presupuesto también se elevó porque el INE conservó para ese proceso extraordinario todos sus beneficios salariales, incluidas gratificaciones especiales y contratación de personal eventual en áreas específicas.

El proyecto presupuestal enviado a la Cámara de Diputados muestra que de los 13 mil 205 millones, 52 por ciento sería destinado a sueldos.

En ese apartado (servicios personales), los gastos básicos reportados son los siguientes:

Remuneraciones al personal de carácter transitorio; honorarios; remuneraciones adicionales y especiales (724.7 millones), y gratificación de fin de año, una cantidad igual.

Asimismo, se desglosan las obligaciones relativas a la seguridad social de los trabajadores del INE: aportaciones al Issste y al Fovissste, así como al Sistema de Ahorro para el Retiro; seguro de cesantía en edad avanzada y vejez; depósitos para el ahorro solidario, y cuotas para el seguro de vida del personal civil.

Además, pago de estímulos a servidores públicos por mil 135 millones de pesos, apartado que es el más costoso dentro del rubro de servicios personales.

El proyecto para organizar procesos electorales del Poder Judicial, fue enviado como presupuesto precautorio, es decir, puede ser mayor o menor, según las especificaciones de dichos comicios.

No obstante, detalla cada gasto como materiales y suministros, y servicios generales, entre muchos otros.

Si el presupuesto se desglosa por áreas, como se ha señalado, el monto más alto (6 mil 830 millones de pesos) es para la dirección de Capacitación y Educación Electoral, precisamente donde están los programas para los supervisores y capacitadores, lo mismo que la dirección de Organización Electoral (materiales como boletas), con 4 mil 522 millones, y la de Administración, mil 124 millones.