Nuevo Laredo, Tamps. El abandono de propiedades en Nuevo Laredo se ha convertido en un problema creciente que afecta tanto el paisaje urbano como la seguridad y el desarrollo económico local. Según estimaciones de la Barra Colegiada de Abogados y empresas de bienes raíces, al menos el 15 por ciento de los inmuebles en la ciudad se encuentran en procesos de desahucio debido a diversas causas, lo que genera un alto costo social y económico.

De acuerdo con el abogado local, Braulio Hernández Hernández, el abandono de estas viviendas se presenta principalmente en dos escenarios: el primero involucra propiedades cuyos propietarios han fallecido y cuyos herederos residen fuera de la ciudad, mientras que el segundo se refiere a bienes inmuebles en disputa debido a conflictos familiares sobre la sucesión, lo que retrasa la resolución de los juicios sucesorios.

El impacto de este fenómeno no solo se refleja en la pérdida de valor de las propiedades abandonadas, sino también en un aumento de la inseguridad, ya que muchas de estas viviendas se convierten en refugios para actividades ilícitas. Además, la presencia de estos inmuebles deteriorados puede afectar la estética y el bienestar de las zonas aledañas, reduciendo el atractivo para posibles inversionistas.

En respuesta a esta problemática, la empresa inmobiliaria ABR ha sugerido al gobierno estatal la creación de un Programa de Rescate de Vivienda Abandonada, que cuente con la colaboración del gobierno municipal. Este programa tendría como objetivo obtener información detallada sobre los propietarios y el estatus de las propiedades, con el fin de regularizar su situación y evitar que continúen deteriorándose sin control.

El presidente de la Barra Colegiada de Abogados, Gabriel Hernández, respaldó esta propuesta, afirmando que el programa podría ser clave para mejorar la imagen de la ciudad, regularizar los procesos de sucesión y garantizar que los inmuebles sean utilizados de manera adecuada. Además, subrayó que el objetivo es evitar el uso de medidas extremas como embargos o despojos, que podrían generar conflictos adicionales.

Una de las principales sugerencias es que las autoridades locales intervengan para exhortar a los herederos a resolver los conflictos relacionados con el desahucio, ofreciéndoles asistencia en los trámites legales para que no se vean desbordados por los costos del proceso. Esto podría incluir la participación de los herederos en la gestión del proceso legal, lo que facilita una resolución más rápida y justa para todas las partes involucradas.

Por otro lado, en aquellos casos donde no se logre ubicar a los herederos, o cuando estos no muestran interés en resolver el problema, se contempla que, tras agotar todos los recursos legales disponibles, el inmueble podría ser expropiado y destinado a un uso público que beneficie a la comunidad.