Los tiempos políticos cambian. Cambian a un ritmo sin cesar, de fondo y forma inevitable. Por ello, ya resultan incómodos los esfuerzos desafiantes de un grupo de empleados del Poder Judicial que se oponen sin razones jurídicas a la reforma constitucional que habrá de transformarlo.

El gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum Pardo está imponiendo auténticamente desde lo más alto del poder del Estado un nuevo orden constitucional y legal para México. Lo hace con la plena certeza de que las elecciones presidenciales de 2018 y 2024 fueron la manifestación política de un movimiento social amplio y nacional, quien la apoya en su propuesta de gobierno de tal suerte, que cuenta con el respaldo de un Congreso electo donde el partido gobernante junto con sus dos organismos aliados obtienen la mayoría calificada de las cámaras de Diputados y de Senadores, suficiente fuerza política para dar estabilidad a las instituciones del Estado y absoluta legitimidad a las decisiones de la Presidencia de la República.

En México, cabe reiterarlo una y otra vez, están completamente ausentes las tensiones institucionales entre Presidenta y Congreso, los dos poderes fundamentales en la historia de la República desde hace 200 años.

El sistema federal continúa fortaleciéndose como lo testimonian los acuerdos con todos los gobernadores. Se están proponiendo desde el poder, para los próximos seis años, una serie de proyectos de infraestructura, vivienda y salud que beneficiarán a millones de ciudadanos de múltiples ayuntamientos. No hay en el país ni crisis constitucional ni mucho menos una guerra como insisten algunos necios.

El factor que ha contribuido más que ningún otro a la rápida aceptación popular de la denominada Cuarta Transformación (4T) ha sido la politización de las clases sociales en todo el país. El ideal de justicia que todo Estado democrático busca es lo que se está cumpliendo con eficacia desde hace seis años: garantizar a los ciudadanos recursos, protecciones (empleo, salud, educación) y las libertades básicas para el bienestar.

La agenda propuesta es poderosamente prometedora. Es continuidad del gobierno anterior que como éste se orientó por desaparecer miseria, pobreza y desigualdad, que durante décadas jamás fueron objeto de atención gubernamental. Una forma distintiva de democracia es este nuevo modelo. En él se están construyendo nuevos valores cívicos respetuosos de la pluralidad, de las mujeres y hombres libres. Esta es la nueva realidad sin abstracciones que se enfrenta diariamente a la difusión de información falsa de unos cuantos medios de comunicación tradicionales acomodaticios y venales.

Se están erigiendo sin fraudes electorales las nuevas bases del sistema político: sin el control corporativo de las organizaciones obreras, campesinas y populares. Los beneficios oscurecen rápidamente el pasado modelo neoliberal. La ausencia de interferencia del gobierno federal y estatales fue suficiente para la libertad de elección.

El paso de los antiguos partidos hegemónicos a la oposición política ha favorecido al gobierno. Como lo muestra la historia reciente, son cada día más partidos políticos estériles. El reacomodo de las nuevas generaciones de políticos profesionales es gradual pero muy eficaz. En los próximos años se deberán construir nuevas fuerzas partidistas para el impulso de contrapesos que consoliden una nueva pluralidad partidaria.

En poco menos de dos meses, de septiembre a octubre, se ha transformado el Estado mexicano. Las reformas constitucionales que se han aprobado desde 2019 con la propuesta de consulta popular y revocación de mandato y las que están siendo aprobadas y en marcha, están provocando una revolución pacífica de la vida pública.

Los méritos de la transformación están a la vista donde el encono es sólo de un conjunto reducido de grupos ligados a la narcoviolencia y a la corrupción. No son la oposición consciente. Su vida de reclamos y violencia focalizada sólo exhibe la añoranza del viejo régimen de corruptelas.

La resistencia a la reforma social y progresista no tiene asidero ni futuro. La oposición política institucional y no institucional a la reivindicación del Estado mexicano democrático, que impulsa la 4T, debe decirse, sigue aturdida y decepcionada por su fracaso de convertir su amalgama electoral en un gobierno nacional de coalición. Se pasmaron por el fiasco de su reforma política de febrero de 2014. La iracundia contra Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum Pardo se explica por su derrota política. Hoy comprobamos que siguen atarantados.

*Sociólogo e historiador. Investigador titular del IISUNAM