Finalmente, la oposición, en preciso los críticos mediáticos, ha encontrado en una averiguata sin (o con muy poco) sustento jurídico, su piedra filosofal. Y a ese delantal arrugado se han afiliado en última instancia para salvar a la República de una supuesta crisis constitucional. No hay ni habrá alguna situación de esta naturaleza. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sabrían este martes a cuál alternativa se afilian con sus pocos votos (ocho). Tienen dos posibilidades. Una, autonombrarse modificadores de la Constitución o reconocer con sus posturas la letra y mandato, bien impreso, en la Constitución.
Decidir por la primera opción conducirá, en el extremo, a que sea ignorado su atrevimiento de alzarse por encima de sus capacidades y mandatos expresos de ministros. La segunda alternativa es precisamente eso: un cauce por el que recuperar lo que han extraviado en su pugna política frente a los otros dos poderes de la República. Insistir en que, el ingenioso ministro Carrancá, le dio al clavo negociador, es una actitud ingenua y bastante simple. Tal pergamino, sin lustre ni efectiva sensibilidad o inteligencia, no encausa la ya prolongada disputa por un sendero comprensible, legal o justo.
Este ministro quiso mostrar, a descampado, cómo se elabora lo que bien puede ser un sabadazo cualquiera: airear una intención pretendidamente conciliadora. Aspira, este ministro maniobrero, lanzar una zanahoria a la Presidenta y a los legisladores, envuelta con sus autosacrificios. Posiciones que, de toda forma perderán los ocho (tal vez menos) rebeldes alzados en armas retóricas contra la capacidad de un reformador. Uno que es, con todas sus potencialidades en regla, un constituyente permanente.
Poco importan las aisladas voces que tratan a las calladas restarle legitimidad a este órgano institucional. Habría que recordarles que justamente para estos menesteres el electorado, les concedió 85 por ciento de las curules en juego. No consta, además, sólo de mayorías inscritas en la ley, sino el conjunto formado por el Congreso de la Unión y los similares de los estados.
Eso es parte, quizá lo esencial, de la división de poderes. Ya verá si lo que queda fuera (SCJN) encabeza al resto del Poder Judicial. Poder que se encuentra en rebeldía constitutiva de delito o desacato a sus deberes. Recordar que los funcionarios públicos, y los jueces lo son, sólo pueden llevar a cabo lo explícitamente ordenado por la ley. Aserto que han estirado por arriba y por abajo, sólo para poner la culpa de ello, en los demás órganos de la unión.
Alegar que se vive una crisis constitucional porque, sostienen, “no existe certeza sobre cuál es el derecho vigente, quién es la autoridad encargada de aplicarlo y cuales son las consecuencias de las decisiones tomadas”. Vaya colección de frases sin sentido alguno. El derecho vigente está plasmado en el pacto constitucional y de él emanan las leyes que nos rigen. La autoridad encargada es, justamente, el actual conjunto judicial que anda protestando y que será reformado en pocos meses.
Las consecuencias serán variadas. Las que corresponden a los huelguistas y opositores están siendo procesadas por la ciudadanía y no tardarán en mostrarse con claridad meridiana. La potestad que ejerza el pueblo elector de jueces, magistrados y ministros, acomodará las piezas faltantes. Elementos que hablarán con independencia efectiva, como lo hacen respecto de los legisladores o del mismo Ejecutivo federal y local.
Todos y cada uno de ellos usa, ese legítimo mandato popular, justamente ante cualquier intento de someterlos. Fincar la aparente defensa de los jueces en los modos tradicionales de ser nombrados es, con mucho, una ruta probadamente sinuosa y sometida a presiones, corrupción y conjuras. El actual es un tinglado de componendas que implican a poderes fácticos, partidos y medios de comunicación, que claman por el retorno de la acostumbrada impunidad: baste cuantificar las condenas o castigos a juzgadores que han tergiversado sus ordenamientos para justificar buena parte de las razones de su reforma integral.
Este martes se discutió lo declarado, concertadamente unánime por la oposición, como documento propositivo, sensible y correcto, para zanjar la disputa en curso. Sólo que únicamente sea la disputa, porque la Constitución ya es “ley suprema” con sus actuales modificaciones. La ruta que los críticos han elegido, de nueva cuenta, basada en argumentos vagos o francamente equivocados, acarrea la cantaleta que cataloga, al actual gobierno, como autocrático. Vuelven así a las apreciaciones erradas que los distancian del pueblo y sus necesidades. Se espera que algunos ministros retomen la sensatez y se apeguen a la llamada supremacía constitucional, cauce muy distinto al de las torpes negociaciones.
