Cuernavaca, Mor. Integrantes de colectivos de personas desaparecidas de la entidad, obstaculizaron con una valla humana los trabajos de la cuarta diligencia de exhumación cadáveres de una fosa común de la Fiscalía General del Estado (FGE) que están en el panteón Pedro Amaro, Jojutla, porque no confían en los trabajadores de la fiscalía local, y porque no llegaron elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) ni de la Guardia Nacional (GN).

El cierre de los trabajos ocurrió alrededor de las 10:30 de la mañana, cuando los trabajadores de la Fiscalía General del Estado salieron a almorzar, una hora antes aproximadamente, 9:15 de la mañana las y los trabajadores de la FGE entraron a la zona cero para comenzar los trabajos de la diligencia de exhumación supervisada por un notario público. Después de las 11:30 de la mañana cuando trabajadores de la fiscalía intentaron acceder a la zona cero, los familiares de víctimas no se los permitieron.

“La postura de los colectivos de Morelos es no permitir que continúen los trabajos que se están realizando por parte de la fiscalía de Morelos, la intención es obstaculizar el acceso (el paso de trabajadores a la zona cero), porque es la que menos puede obtener perfiles genéticos de los procesos de 2016 y 2017, lo que da la pauta o certeza de que podría haber errores en la obtención de los perfiles y no podríamos identificar los cuerpos sin vida.

“Creemos también que la FGE no puede seguir siendo juez y parte, insisto, se han demostrado con pruebas que ellos no pueden hacer estos procesos de exhumación, o por lo menos tiene que haber otras instituciones que los vigilen, no pueden dejar en esta institución que dado tantas muestras de negligencia, dejar este tema tan importante”, expresó Amalia Hernández tía de Oliver Navarrete Hernández caso que dio con el hallazgo de la fosa clandestina de la FGE ubicada en Tetelcingo, Cuautla, 2014.

Hernández, recalcó, que incluso en la tercera diligencia del año 2022, cuando ellas también cerraron los esos trabajos, acusaron al fiscal general del estado, Uriel Carmona Gándara, ante el Congreso del estado de "un probable hecho de desaparición forzada por parte del fiscal general”.

Los entierros, es decir la fosa que comenzaron a exhumar este miércoles 6 de noviembre, no tienen, según, las víctimas ni la autoridad municipal, ni el fiscal especializado en Desaparición Forzada de Personas, Luis Goitia, información exacta de cuándo enterraron éstos cadáveres los trabajadores de la FGE.

“En este tema, (ya que esta diligencia es continuación de la tercera diligencia), si ustedes recuerdan que en el 2022 el fiscal dio información a los medios de comunicación dijo que eran unas fosas clandestinas, ¿qué pasa con esta información? Que eso, según, liberaba a la fiscalía de toda responsabilidad de esto.

“Sin embargo, se les hizo reconocer su error (al fiscal general) toda vez que la delincuencia organizada sí está organizada, pero no tal grado de practicar necropsias algunos cadáveres o tenerlos dentro de un embalaje, como aquí está fueron localizados, y al parecer números de carpetas de investigación, entonces de ahí se acusó al fiscal de presunción de desaparición forzada, ya que eso observamos (en el 2022)”, agregó Hernández.

Esta diligencia de exhumación, detalló Amalia, obedeció a una por orden de un juez (que data del 2017 y continuó en el 2022) después de que se presentó una denuncia, ya que desde ese tiempo se demostró, de acuerdo con Amalia, que la FGE "no cuenta con los archivos (de estas fosas o cuerpos inhumados), porque no tienen los archivos, entonces no sabemos si se realizaron las periciales, por eso hablamos que no hay confianza (FGE), este es un tema de responsabilidad”.

-¿Ellos, los trabajadores de la FGE, son responsables?

-“Si, la ley así lo estipula, ellos tienen bajo su resguardo todos esos cadáveres y hay protocolos para inhumar esos cadáveres”.

En tanto, en un pronunciamiento de los colectivos dejaron claro lo siguiente: "dichas fosas comunes irregulares son evidencia de la irresponsabilidad y omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado. Por ello es que, como colectivos y víctimas, no es posible confiar en la institución que ha participado en la desaparición de las personas desaparecidas en esas fosas", recalcaron.

Ni la FGE y ni GN participaron; a diferencia de tres exhumaciones anteriores en Morelos.

Valeria Zapata, de la Brigada Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que acompaña a los colectivos estatales de buscadoras de personas, informó que la FGE le leyeron- en la diligencia y antes de pararan los trabajos- oficios que enviaron hace unos 15 días a la FGR y GN, mediante los cuales solicitaron su intervención y participación en estos trabajos de exhumación; pero las dos instituciones respondieron de manera negativa.

La respuesta de la FGR, según estos oficios, responde que no hay insumos suficientes y que no hay personal que pueda asistir a estos trabajos; GN, por su parte, contestó que no puede acudir por las nuevas reformas aprobadas, además que no tiene suficiente personal, y que están cubriendo protección a carreteras, el Tren Maya, y las nuevas zonas hoteleras que se están haciendo; “sin embargo, hacemos hincapié de que esto no está vinculado para nada a su área científica que es lo que estamos solicitando”.

Ante esto las familiares de personas desaparecidas demandaron la intervención de la presidenta del país, Claudia Sheinbaum, para que éstas dos dependencias federales participen y garanticen resultados en favor de las personas sin vida inhumadas aquí, porque insisten que los trabajadores esta misma institución (FGE) participaron en las inhumaciones ilegales y sin cumplir ningún protocolo de ley.

La FGE sí puede sola: Luis Goitia

Luis Goitia, fiscal especializado en Desaparición forzada de Personas de la FGE, en entrevista colectiva, confirmó que esta diligencia podría durar dos semanas o 5 semanas (de las 7 de la mañana a las 18 horas de cada día), y aseguró que laboratorio de genética de la fiscalía local está certificado a nivel internacional, y que sí podían hacer esta diligencia, solos, es decir sin la GN y FGR.

Sin embargo, el funcionario de la FGE no quiso o no pudo informar sobre el número de personas que existen en la entidad, “los datos completos sobre víctimas de desaparecidos en otro momento se los puedo dar”. Tampoco supo informar en qué año las y los trabajadores de la FGE realizaron estas inhumaciones en el panteón Pedro Amaro de Jojutla, -de manera ilegal y sin cumplir con ningún protocolo según las víctimas-.

Por la tarde, después de las 14:00 horas, las y los trabajadores de la FGE decidieron retirarse de la zona y el panteón mencionado; mientras las familiares de las víctimas continuaron organizándose para buscar a la gobernadora, Margarita González, para que intervenga y les ayude a buscar otra institución federal, -si no es la FGR y la GN-, para que participen en estos trabajos de exhumación, porque, recalcaron, que la FGE no debe de hacer esta diligencia sola.