Quiéranlo o no, los mexicanos pagarán esa voluminosa cantidad para que los dignos ministros vivan cómodamente y a plenitud, a pesar de tratarse de un grupo de togados que intentó convertirse en poder político, no judicial, violentó la decisión popular y se convirtió en grupo de choque para defender los intereses de la oligarquía.

En promedio, cada uno de los dignos renunciantes (según ellos mismos) se embolsará 4 millones de pesos anuales (en el primer bienio) por concepto de retiro y 3 millones 187 mil 500 pesos a partir del tercer año, de acuerdo con lo que ellos mismos aprobaron (100 por ciento de su último ingreso durante los dos primeros años y 80 por ciento de éste a partir del tercero).

A ello se suma que cada uno de ellos recibirá 2.4 millones anuales por beneficios por una labor que ya no realizarán, toda vez que decidieron retirarse de forma adelantada. Entre ellos se cuentan vehículo blindado (renovable cada cinco años), chofer, apoyo para gasolina, seguridad personal (mínimo dos elementos) y ayudante personal (secretario particular).

El paquete de retiro de los ocho ministros tiene una estructura semejante al que durante su estancia en Los Pinos armó y aprobó Miguel de la Madrid para autorizar jugosas pensiones para los ex presidentes, siendo él mismo, por una mera casualidad, el primero en gozar de esas mieles. Con ese criterio (por llamarle de alguna manera), los integrantes de la SCJN se subieron al carro de los beneficios a los que creen tener derecho.

La Jornada publicó la detallada información que se cita, y especifica que los vehículos blindados que utilizan cada uno de los ministros tiene una vida útil de cinco años, por lo que cada lustro será necesario un gasto de 4 millones 200 mil pesos para su renovación, es decir, una erogación de 33 millones 600 mil pesos cada cinco años para que los retirados con dignidad viajen cómodamente.

Además, refiere La Jornada, es necesario manifestar que en la SCJN existe un área dedicada específicamente a brindar atención logística y administrativa a ministros en activo y en retiro, la cual implica una erogación de recursos importante para el erario, pues está conformada por varios trabajadores.

Luis María Aguilar Morales, defensor de evasores fiscales entre otras gracias, recibirá cerca de 5 millones de pesos anuales durante el primer bienio de retiro y 4.3 millones a partir del tercero, más sus 2.4 millones anuales por beneficios y apoyos, es decir, 7.4 millones en total en los primeros dos años y casi 6. 7 millones cada 12 meses a partir del tercer año. Este inenarrable personaje también renunció por adelantado, aunque su periodo como ministro concluye el próximo día 30.

Norma Piña, quien dice ser presidenta de la SCJN y del Consejo de la Judicatura Federal, en el primer bienio de retiro se embolsará 4 millones 427 mil pesos anuales y a partir del tercero 3 millones 821 pesos (más los citados 2.4 millones cada 12 meses) para que viva dignamente, como cada uno de los retirados califican este saqueo. Eso costará a los mexicanos la dignidad de la pandilla de los ocho.

Por cierto, ayer la presidenta Sheinbaum recordó un estudio publicado en 2018 por Mexicanos contra la Corrupción (en ese momento presidido por Claudito El tóxico), titulado El poder familiar de la Federación (que entregó al Consejo de la Judicatura y a los ministros de la SCJN), en el que desnuda, señala la mandataria, “el nepotismo imperante en el Poder Judicial de la Federación: al menos 500 jueces y magistrados de todo el país tienen trabajando en tribunales y juzgados a esposas, hijos, papás, sobrinos, tíos, cuñados y hasta suegras. Estas ‘redes clientelares’ se extienden a más de 7 mil servidores públicos de 31 circuitos que también tienen familiares en la nómina”, con lo que desvirtúan facultad constitucional. Pero ayer el júnior apoyó a quienes seis años atrás desnudó.

Las rebanadas del pastel

Buena relación con quien resulte ganador de la elección presidencial en Estados Unidos, dice la presidenta Sheinbaum.

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