Ciudad de México. Sus casos estaban a punto resolverse, pero la continuación del paro de labores en tribunales colegiados y jueces federales en la Ciudad de México les impide obtener justicia, denunciaron personas con discapacidad motriz, que se manifestaron a las afueras del Palacio de Justicia Federal de San Lázaro, el cual está cerrado por el cese de actividades en rechazo a la reforma judicial.

Jesús Guerrero, presidente de la Organización Nacional de Responsabilidad del Estado (ONRE), agrupación civil dedicada a la exigencia de reparación daño de víctimas por lesiones causadas por el Estado, expuso que “ellos (los quejosos) son las verdaderas víctimas del paro judicial; ya estaban por resolver sus casos, y viene el paro y se quedan sin reparación integral del daño. Además, necesitan atención médica inmediata.”

Beatriz González, una ingeniera arquitecta de casi 41 años de edad, que fue atropellada por el Metrobús cuando transitaba en su bicicleta por la ciclovía en la glorieta de insurgentes el 26 de noviembre de 2016, señaló a La Jornada que “tengo sentencia a mi favor; salió el 2022 y ya en abril de 2024 iban a dictar la liquidación de mi sentencia. Son ocho años sin justicia, necesito atención médica.”

La mujer, que utiliza silla de ruedas y “tener asistencia todo el tiempo” criticó a los juzgadores que mantienen el cese de actividades. “Quienes nos tienen que dar la justicia no la están dando, más a casos que ya tienen muchos años. Solo falta dicten la liquidación de mi sentencia.”

Acotó que tras “un proceso muy largo, lleno de peritajes, audiencias y sin duda tortuoso, porque además está la revictimización, ahora salen con este paro de labores indefinido. Es injusto que el caso no avance porque están con su huelga indefinida cuando además ya faltaba un pelito para que liquidara la sentencia de mi caso. La petición es que trabajen, además siguen cobrando sus sueldos, sin hacer su chamba”.

Ramsés Olmedo Pimentel, un joven de 17 años, en 2010 fue operado en Teletón, donde le instalaron un clavo “en el fémur equivocado”, contó que posteriormente sufrió una infección y perdió el hueso. Ahora está en silla de ruedas en forma permanente.

Juan José Olmedo, padre del menor, que padece hipofosfatasia, enfermedad genética en la que hay un defecto en la mineralización de huesos, expuso que en el juicio “se encontró culpable por negligencia médica a la Fundación Teletón, y se le sentenció a financiar atención médica de por vida a mi hijo.

“Se estaba a semanas que se definiera su asunto, pero “no podemos ejecutarla por culpa del paro judicial”. El caso fue turnado para la resolución a la magistrada María Concepción Alonso Flores, desde el 2 de mayo de 2024.

Ramses comentó a este medio que “estoy en silla de ruedas. A los tres años me pusieron el clavo y a los seis me quitaron el fémur con el clavo. Exijo justicia y que ya salga mi caso, ya necesito mis terapias y atención médica especializada, porque mi situación se agrava.”

Ma Julita García, de 72 años, representa a su hijos y nietos fallecidos en la explosión de San Martín Texmelucan, Puebla (2010) por un derrame en un oleoducto, está en espera de ejecución con sentencia y con cuantías determinadas ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil.

Su nuera Zoila Pérez, indicó que “hace más siete años presentamos una demanda. Estaban a punto darnos resolución, y nos dicen que están en paro. Todos vivíamos en la misma casa. Toda la situación también causó daño a la salud mental de varios integrantes de las familia y a las finanzas.” está juicio daños morales

Ma Julita pidió en entrevista “que reanuden labores y nos den solución ya; es justo que seamos casos prioritarios. Nos dejan abandonados cuando esto es del 2017 es para que nos solucionen. Que se pongan la mano en el corazón para que vean lo que es sufrir. Perdí un hijo, a mis nietos y a su esposa; todos murieron calcinados.”

Guerrero sostuvo que “es una vergüenza que en la Ciudad de México los trabajadores del poder judicial estén en contra levantamiento del paro, ya en varios circuitos se acabó. Los jueces y la justicia están para inhibir el malestar social, y ahora ellos son los que lo provocan. Con este paro cuanta gente se queda sin justicia, tenemos muchos otros casos, son más de 400.”

El abogado dijo que “es inhumano que los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal incluyan la atención de casos prioritarios nuevos, pero no consideren los casos urgentes que ya estaban listos para definirse de juicios que llevan muchos años en litigio y que involucran la salud e integridad de menores personas con discapacidad y adultos mayores.”