Crecí en el norte del país escuchando la frase que da nombre a este texto. Era el preludio para el análisis crítico de la realidad de entonces. Ahora que la pienso observo que está cargada de obviedad si la tomamos en sentido literal y también que tiene una suerte de carga anticipatoria del futuro que nos espera en el país, también en el mundo, pero remitámonos a nuestro entorno político ahora como nunca cargado del abandono de la vieja discusión sobre la relación entre política y derecho.

¿Cuál debe prevalecer?, anticipaban mis maestros de licenciatura en derecho, la respuesta era obvia si una quería ser fiel a esa disciplina. Con el tiempo y revisando la historia nacional damos cuenta de que generalmente el Derecho se crea en contextos de procesos políticos. Hoy pareciera que estamos determinados a destruir los referentes jurídicos que han dado base a la conformación de los estados nacionales, entre ellos la división de poderes y la supremacía constitucional. Más grave aún: vivimos una realidad marcada por la violación al derecho fundamental como es el derecho a la vida. Y ello no es trivial, ni catastrofismo conservador, si asumimos que hay regiones del país marcadas por la violencia que hasta hoy el Estado, por acción u omisión cómplice, no ha sido capaz de contener. Y dejemos de lado en este momento la deuda histórica con los pueblos indígenas: la pobreza extrema y otros rasgos de la desigualdad estructural que no se resuelven con apoyos o becas para diversos sectores en esa condición.

Se ha cumplido sólo un mes del nuevo sexenio ahora mal nominado segundo piso de la Cuarta Transformación, sin las evidencias suficientes sobre la fortaleza de la estructura del primero. Más allá de la narrativa política que atribuye al voto logrado en las elecciones del 2 de junio pasado, ciertamente masivo, el carácter de cheque en blanco de “la voz del pueblo”, no comparto la idea de realizar un juicio sumario tras 30 días de gobierno de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum.

Pero sí es necesario esbozar un recuento de las vísperas preocupantes que pueden indicar el rumbo de los días: La Comisión de la Verdad presentó su informe sobre las atrocidades de la guerra sucia y no sólo no fue referido, sino desvirtuado desde la Secretaría de Gobernación; Ayotzinapa no ha mostrado señal de que se reanudará el contacto con las madres y los padres de los 43 normalistas desaparecidos, sobre el rumbo de la investigación. Justo el estado de Guerrero vive un incremento de violencia que no tiene control en el plano municipal estatal y menos aún el federal. No ha sido suficiente la necesaria presencia y apoyos parciales en Acapulco ante los desastres ocasionados por el huracán John, que ha dejado fuera otras regiones en la entidad también gravemente afectadas. Vayamos a Chiapas, la guerra en el umbral que se ha denunciado. Justo el mes que concluyó ha cobrado dimensiones que van desde asedio y amenaza de despojo inminente a una de las comunidades de bases de apoyo zapatista y el artero asesinato, el pasado 20 de octubre, del padre Marcelo Pérez Pérez, tsotsil, defensor del pueblo y luchador por la paz, sin que se den señales claras de que se hará justicia ni se informe de avances reales de la investigación.

El pasado 13 de septiembre el padre Marcelo promovió y encabezó la marcha por la paz de las tres diócesis de Chiapas. Hace dos días se celebró en San Cristobal de las Casas la Jornada Nacional por la Paz convocada por la Conferencia del Episcopado Mexicano. Fue una muy numerosa peregrinación que congregó al pueblo creyente de diversas regiones y pueblos bajo la demanda de paz y de justicia por la ejecución del padre Marcelo Pérez Pérez y la conmemoración de lo que serían los 100 años de vida del obispo Samuel Ruiz.

Ya podríamos considerar que es un avance el hecho de que el próximo gobernador en reunión con la secretaria de Gobernación informaran que elaborarán un plan de pacificación. Se trata del reconocimiento de la virtual guerra que se vive y del posible abandono del negacionismo que viene de tiempo atrás.

Por otra parte, en el campo de las luchas actuales de mujeres, es creciente el rechazo al casi emblema de la primera Presidenta de la República “llegamos todas”, las buscadoras de sus familiares desaparecidos no lo sienten así. No tienen audiencia. Un nuevo apoyo para otro grupo de edad de mujeres no es suficiente.

En materia de seguridad se muestran elementos de una estrategia que pareciera dejar atrás lo que no se quiere ni puede decir, esto es, el abandono de “abrazos no balazos” y aquí entre paréntesis ya está en curso una iniciativa de reforma al artículo 21 constitucional, para introducir a la Secretaría de Seguridad Pública en el ámbito del Ministerio Público dimensión de procuración de justicia que se dejó fuera en la reforma inamovible sólo al Poder Judicial. Estas son algunas vísperas sin señales aún de mejores días.