Desde junio de 2021, Chiapas vive una espiral de violencia asociada al narcotráfico. La violencia no es nueva. Se remonta a la colonización misma. Desde el siglo XVI, Fray Bartolomé de las Casas documentó las atrocidades cometidas contra los pueblos originarios durante la Conquista. Tampoco es novedosa la presencia del crimen organizado en la entidad. Desde hace décadas opera en aquella región, que comparte 658 kilómetros de frontera con Guatemala, país que es, en los hechos, una gran bodega de mercancías ilícitas: desde drogas hasta indocumentados en tránsito hacia Estados Unidos.
Lo inédito de este ciclo es la magnitud, extensión y profundidad de la violencia relacionada con la disputa de cárteles de rutas, zonas de producción, centros de consumo de estupefacientes, reclutamiento de jóvenes, desplazamiento de población, cobro de derecho de piso y tareas de contrainsurgencia.
Entre el 1º de diciembre de 2018 y junio de 2024, la fiscalía del estado registró 6 mil 147 homicidios, 2 mil 386 dolosos y 3 mil 761 culposos; 177 feminicidios; 78 secuestros; 943 casos de abuso sexual; 18 mil 550 robos (a casas habitación, negocios, vía pública y transporte); 319 extorsiones; 5 mil 795 hechos de narcomenudeo, y más de 40 mil desplazados.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre el 1º de enero y el 30 de septiembre de 2024, se produjeron 525 homicidios dolosos, 49 por ciento más de los ocurridos en el mismo lapso de 2023.
Sin embargo, hay un subregistro de lo que realmente sucede. Estas cifras son apenas la punta del iceberg. No están contempladas allí las bajas acaecidas en los combates entre grupos criminales en la Sierra y la Frontera, que son recogidas y sepultadas por sus compañeros. Tampoco, los torturados, o los miles de quienes deben pagar derecho de piso a las bandas para trabajar y vivir, ni las mujeres abusadas que no denuncian por miedo. Menos aún, el poder de facto que los capos tienen en amplias regiones, y que, en la práctica, los convierte en autoridades “impartidoras” de justicia, por encima de las reconocidas legalmente. Invisibilizan el cerco contra las comunidades en resistencia.
El reciente asesinato del padre Marcelo fue un punto de inflexión en esta escalada por descabezar a quienes promueven la paz. A Simón Pérez, catequista de la parroquia de Santa Catarina en Pantelhó, ex presidente de la asociación civil Las Abe jas de Acteal, lo ejecutaron sicarios el 5 de julio de 2023 (https://shorturl.at/ANvkA). Al profesor José Artemio López, organizador de las marchas contra el narco en Chicomuselo, lo torturaron y ejecutaron frente a los suyos, el 31 de octubre de 2023 (https:// shorturl.at/UZBTI). El catequista Ignacio Pérez López y su familia (seis integrantes), otras cinco personas, fueron salvajemente ultimados el pasado 15 de mayo.
La antigua vida no existe más. Miles de campesinos no pueden sembrar ni criar ganado. Los comerciantes no abren sus negocios o lo hacen poco tiempo. Transportistas y taxistas están parados. En Chicomuselo, más de 12 comunidades (4 mil 200 personas) fueron abandonadas por sus habitantes. Al inicio del actual ciclo escolar 2024-25 y en los primeros meses, la narcoviolencia impidió que, al menos 300 mil alumnos de prescolar, primaria y secundaria de la región Sierra, Frailesca y Centro, regresaran a clases.
Como explica un defensor de derechos humanos: “Antes la violencia provenía del Estado o de empresas cuando había interés económico. Ahora viene del crimen organizado. Han tomado el control. Han desplazado a la población. Hay un asedio a la vida cotidiana. Ejercen el terror para controlar el territorio. Comenzó en Frontera Comalapa en junio de 2021. Arrancó con el asesinato del jefe de plaza que tenía el control del estado. Se extendió a Chicomuselo y luego a Motozintla, Mazapa de Madero, La Grandeza, Bellavista, Honduras de la Sierra. Ahora se está desplazando hacia la Fraylesca: Montecristo de Guerrero, Ángel Albino Corzo, La Concordia”.
El 4 de septiembre de 2008, el sacerdote jesuita Ricardo Ronco Robles publicó en La Jornada, tras la masacre de Creel, en que un comando asesinó a 13 personas en Bocoyna, Chihuahua, durante el gobierno de Felipe Calderón, el artículo “La conquista del narco es la misma” (https://shorturl.at/wmrv1). Allí proporciona claves sustantivas para comprender lo que sucede en Chiapas. Dice: “Todo esto enmaraña una madeja de economía, política, infraestructura regional, principios normativos y valores propios del narco –una cultura quizá– que penetra en diversos grados, paulatinamente, a todos los niveles sociales. Se trata en realidad de una “conquista” con su oro de por medio, su despotismo, sus esclavitudes… con su guerra y todo.
“Me lo hizo ver un rarámuri en una plática simple. Preguntó qué es lo novedoso que vemos en el narco, cuando es lo mismo de siempre desde hace cinco siglos. Es otra actividad en la que se presiona y obliga a trabajar a los indígenas, pero es lo mismo. Igual fueron las minas, dijo –palabras más, palabras menos–, igual hubo violencias y crímenes, igual hubo muertes, igual hubo enriquecidos y pobres y en todo nos dejaron la peor parte. Igual fue la invasión de nuestros territorios, igual el saqueo de nuestros bosques, igual va siendo el turismo que hasta nuestra agua se la queda, igual están regresando las mineras. Igual un día trajeron las siembras de mariguana y de amapola. Para nosotros es la misma cosa, así son los invasores, pero a la mejor para ustedes resulta novedad.”
En Chiapas, además, esta ofensiva está enmarcada en la guerra de contrainsurgencia contra el zapatismo y las comunidades en resistencia. No en balde, muchos viejos paramilitares o sus hijos se han sumado al crimen organizado en esta cruzada. La nueva colonización narca demanda aniquilar la voluntad de luchar por una otra vida, que los rebeldes encarnan.
X: @lhan55
