Ciudad de México. La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) repudió este lunes la violencia contra periodistas y medios de comunicación en México, lo que genera actos de autocensura, luego de que se han registrado el asesinato de siete profesionales de la comunicación en lo que va del año.
En un comunicado la oficina instó al Estado mexicano a llevar a cabo investigaciones diligentes y exhaustivas, así como a identificar y sancionar a los responsables. Además, expresó en el mensaje su disposición para dialogar con representantes del gobierno “sobre la grave situación de violencia que enfrentan las y los periodistas en el país”.
“Con preocupación”, la RELE registró el asesinato de los periodistas Enrique Hernández Avilez, Roberto Figueroa, Víctor Morales, Alejandro Martínez Noguez, Mauricio Cruz Solís y Patricia Ramírez González, además el locutor de radio Martín Antonio Olivier Rodríguez.
El homicidio más reciente fue el de Ramírez González, el pasado 30 de octubre, en Colima, Michoacán, y de acuerdo con los informes disponibles, fue atacada con arma de fuego mientras se encontraba en un establecimiento comercial.
Frente a estos hechos, la relatoría hizo énfasis “en que el asesinato de periodistas es la forma más extrema de censura y no puede ser tolerado en sociedades democráticas. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos crímenes, sancionar a los responsables y garantizar una adecuada reparación a las víctimas”.
Aclaró que de acuerdo con el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la CIDH, “el asesinato, secuestro, intimidación y amenazas a comunicadores, así como la destrucción de medios, violan los derechos fundamentales y restringen gravemente la libertad de expresión”. Señaló que estos actos generan un efecto de autocensura que inhibe la labor periodística y compromete el derecho de las personas a acceder y compartir información e ideas de toda índole.
A estos crímenes, remarcó que se suman reportes de agresiones, amenazas, secuestros y ataques contra la prensa y sus instalaciones. Sobre ello, reportó el ataque contra el periódico El Debate en Culiacán, Sinaloa, en el que un grupo de individuos dispararon contra las instalaciones, causando daños a varios vehículos, incluyendo dos del medio, y al día siguiente el rotativo informó sobre el secuestro de su repartidor, Sergio Cárdenas Hernández.
La relatoría aseguró que tomó nota de las declaraciones del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quienes condenaron la agresión y se comprometieron a mejorar la seguridad de los medios y periodistas.
Asimismo, registró el secuestro de Alberto Toledo, hijo del periodista Marco Antonio Toledo, ocurrido la noche del 29 de octubre pasado en Taxco, Guerrero, y que duró alrededor de nueve horas. Según reportes públicos, el periodista y su familia habían sido secuestrados previamente en noviembre del año pasado.
Además de estos hechos, aseguró que periodistas y comunicadores el han informado directamente “sobre deficiencias en la efectividad de las medidas de protección asignadas, así como las debilidades del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas”.
“Este conjunto de factores ha generado una sensación generalizada de temor, inseguridad y desprotección entre las y los profesionales de la prensa, lo que en muchos casos los ha llevado a autocensurarse, exiliarse o abandonar su profesión. Esto, a su vez, ha contribuido a la formación de zonas de silencio informativo en el país”, señaló.
