No puedo entender cómo después de tantos años estemos de vuelta en el punto de partida de 2016. Es como el día de la marmota. Estados Unidos se prepara para el impacto de las votaciones de mañana, martes 5 de noviembre. Los contrastes entre Kamala Harris y Donald Trump son enormes, y hay mucho escrito sobre el impacto que el resultado de la elección podría tener en México (leer de Pedro Miguel, “EU: lo que nos espera”, La Jornada, 25/10/24).
Aunque ambos partidos han endurecido sus políticas migratorias, los antecedentes y retórica antinmigrante y xenofóbica de Donald Trump son aterradoras. Mi colega del Proyecto de Prioridades Nacionales del IPS, Alliyah Lusuegro, creció en Chicago y cuenta que hasta su adolescencia no entendía que era indocumentada; ha escrito que “hay una imagen que me ha acompañado durante semanas: un mar de gente con carteles de ‘Deportación masiva ya’ en la Convención Nacional Republicana. Desde entonces, he tenido pesadillas con redadas masivas del ejército y la policía por todo el país. Veo a millones de familias destrozadas, incluidas familias con hijos ciudadanos. Y veo a los beneficiarios de DACA –como yo– llevados lejos de la única vida que hemos conocido”. Explica que la deportación masiva es un punto clave del Proyecto 2025, un documento extremista escrito y apoyado por gente cercana a Trump como Stephen Miller, que fue el responsable de la separación de niños de sus padres durante la administración de Trump (ver https://tinyurl.com/bde2sum7 trad. propia). ¡Tanta incertidumbre!
Pasando a otro tema, pero vinculado con los derechos humanos, lo que sí es seguro es que los tres países de América del Norte ya se preparan para la renegociación del T-MEC en 2026, y gane quien gane la presidencia de Estados Unidos para allá vamos.
A pesar de las vociferantes amenazas comerciales de Trump, durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador vimos que en este tema el perro que ladra no muerde, al menos no mucho. A la economía del país, subordinada a la de Estados Unidos, le han llovido chorros de inversiones de empresas estadunidenses, tipo nearshoring, como está de moda ahora llamar a la maquila, que consiste igualmente en la explotación de la mano de obra mexicana. A pesar de que Trump prometió a la clase trabajadora de su país regresar fábricas ensambladoras, principalmente al llamado rust belt, que fue despojada de cientos de miles de empleos desde la entrada del TLCAN, “no hizo nada para arreglarlo”, según Liz Shuler, presidenta de la AFL-CIO, la principal federación sindical del país, en el artículo de The Guardian “Como un zombie: el acuerdo comercial de EU (el TLCAN/T-MEC) que aún persigue a los demócratas” (trad. propia); en el que se explica cómo la clase trabajadora consideró “una traición” el apoyo de Clinton al TLCAN, lo que ayudó a Trump a ganar en 2016 (https://tinyurl.com/y9wh4bxk).
De Harris se espera que mantenga en gran medida las políticas comerciales de la actual administración de Biden, enfatizando el multilateralismo, la sostenibilidad, los incentivos fiscales a la producción nacional y los derechos laborales. Trump ha seguido repitiendo las mismas promesas a trabajadores estadunidenses y amenazas con aranceles a México, pero Claudia Sheinbaum le ha recordado que México es el principal socio comercial de EU y que “nos vamos a poner de acuerdo. Están en campaña, obviamente también hay mayores estridencias en uno u otro sentido, pero ellos saben y nosotros sabemos que es indispensable el acuerdo (T-MEC), en el marco de nuestra soberanía”.
Hablando de “soberanía”, México debe priorizar en 2026 eliminar el Anexo 14-D, el cual sigue permitiendo a empresas estadunidenses demandar a México en tribunales como el Ciadi del Banco Mundial, pues somos el cuarto país con más demandas inversionista-Estado (ISDS) en el mundo. También organizaciones sociales y civiles buscan que se eleven los derechos de pueblos indígenas, protecciones ambientales, estándares laborales, la soberanía alimentaria como se plantea en el documento Más allá del TLCAN 2.0: Hacia una agenda de comercio progresista para los pueblos y el planeta (https://tinyurl.com/3aeunuaa).
Esta agenda progresista y antineoliberal no puede erigirse si sólo se consulta al sector privado como suele suceder con los tratados de libre comercio. “Comercio justo y democracia”, decía el cartel que sostenía Claudia Sheinbaum cuando estudiaba en Berkeley en 1991, ante la visita de Salinas de Gortari en medio de las negociaciones del TLCAN. Y la democracia consiste en la participación activa de los sectores sociales, populares, civiles, en asuntos que impactan al país y sus vidas, y no sólo la de tecnócratas y empresarios.
El Grupo de Comercio con Justicia del Capítulo de Northumberland de la red de sociedad civil Consejo de los Canadienses recomendó a la agencia de Asuntos Globales de Canadá, que ya abrió una consulta en torno a la revisión del T-MEC en 2026, aparte de mejoras en temas como los arriba citados, que se “debería eliminar (del T-MEC) el artículo 20.1, de las reglas y procedimientos y, en su lugar, insertar una redacción adecuada que garantice que los paneles de disputas comerciales del T-MEC en los que participen los tres países miembros puedan solicitar propuestas de organizaciones no gubernamentales” (trad. propia).
En toda negociación comercial se debe además tratar los derechos humanos de los migrantes, incluyendo su derecho a migrar, más cuando el “libre comercio” ha obligado a millones de personas en México, países de Centroamérica y otros, a tener que migrar dado el violento despojo territorial que causan inversionistas desde minería, proyectos hidroeléctricos, agroindustrias, turísticos y demás. Ya sabremos en pocos días a qué tipo de vecino nos tendremos que enfrentar en el futuro y las perspectivas de poder mejorar el T-MEC en favor de los derechos humanos.
*Investigador del Institute for Policy Studies (www.ips-dc.org). Las opiniones aquí vertidas son de carácter personal
