Guadalajara, Jal. La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió la recomendación 34/24 por dos casos de adolescentes con discapacidad sicosocial, a quienes se violaron sus derechos a vivir en condiciones de bienestar y a un sano desarrollo integral, además del derecho de las niñas y mujeres a una vida libre de violencia, luego que la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco y la de Zapopan los institucionalizaron en centros de rehabilitación o “anexos” donde fueron maltatados.

Aunque se trata de dos casos distintos y de entidades violadoras de derechos humanos diferentes, la CEDHJ decidió integrar en un solo expediente las quejas 3207/22 y 302/2023 para emitir una recomendación conjunta contra las instituciones señaladas.

La queja del 2022 fue presentada por una madre de familia en favor de su hija menor de edad, quien en agosto de 2021 se fue de su casa y luego fue localizada y puesta bajo el cuidado y protección de la procuraduría de Zapopan, organismo que nunca le informó el nombre del albergue a donde había sido enviada ni se le permitía tener contacto con ella.

“El 31 de mayo de 2022 se le permitió visitar a su hija y manifestó que, al acompañarla al baño, observó que presentaba moretes (sic) y las manos hinchadas. La adolescente le refirió que fue cambiada de un albergue a un anexo, y que, en ese lugar la maltrataron físicamente, por lo que ya no quería estar ahí. La peticionaria pidió a la sicóloga de la procuraduría de Zapopan le informara lo que sucedía con su hija, pero la servidora pública dijo desconocer el caso y le aseguró que lo investigaría”, informó la CEDHJ.

Al indagar lo que ocurría, se acreditó que la adolescente estuvo albergada en 16 sitios distintos, tres de ellos hospitales; también que durante ese tiempo se iniciaron a favor de la víctima dos carpetas de investigación por abuso sexual, una de ellas en un centro de asistencia y otra en el Hospital Civil de Guadalajara. Además, pese a estar a supuesto resguardo de la procuraduría zapopana, tuvo un intento de suicidio y una fuga de un albergue, sin tener acceso a educación escolar durante todo ese tiempo.

La queja 302 del año pasado contra la procuraduría jalisciense fue presentada también por la madre en este caso de un adolescente institucionalizado, quien padece discapacidad sicosocial y se escapa de casa de forma frecuente.

La quejosa dijo que su hijo en una ocasión la denunció a ella por maltrato, por lo que fue puesto bajo el cuidado y protección de la procuraduría estatal, quien lo albergó en un centro de rehabilitación y no en un lugar especializado para su discapacidad, donde fue lesionado y era castigado de manera severa (esposarlo, cargar cubetas llenas de piedras durante una o dos horas bajo el sol, por ejemplo).

Pese a las denuncias de la madre de estos abusos, la procuraduría no realizó investigaciones y su respuesta fue cambiar al menor de albergue.

La CEDHJ acreditó que el muchacho estuvo en un centro de adicciones donde fue lesionado y no se investigó dicho abuso, pese a que el menor se auto lesionó para buscar que lo cambiaran, lo cual no ocurrió. También la procuraduría de supuesta protección a menores del estado le dio su derecho a educación escolar.

En ambos casos la CEDHJ pidió que los menores fueran inscritos en el Registro Estatal de Víctimas, atención a las madres como víctimas indirectas y la reparación integral del daño. También que se ofrezca a las víctimas atención sicológica o siquiátrica especializada con perspectiva de género y de niñez por el tiempo que sea necesario, además que se abran actas administrativas y se investigue la negligencia de los funcionarios involucrados.