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Iniciativa de Presidencia para modificar la estructura de gobierno

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La presidenta Claudia Sheinbaum presentó la ofrenda del Día de Muertos instalada en Palacio Nacional, dedicada a las mujeres que nos dieron patria. Foto Presidencia
02 de noviembre de 2024 08:44

Tal como lo anunció desde su toma de posesión, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió a la Cámara de Diputados una iniciativa con proyecto de decreto para reformar la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, mediante la cual modifica la estructura del gobierno para dar lugar a nuevas secretarías de Estado, al tiempo modifica las responsabilidades de varias dependencias existentes.

Por un lado, el documento crea las secretarías de las Mujeres y de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, así como la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, además de oficializar el cambio de la actual Secretaría de la Función Pública a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno.

De igual forma, añade o modifica tareas que realizan las secretarías de Gobernación, Salud, Seguridad y Protección Ciudadana, entre otras.

En el documento de 256 páginas, se plantea fortalecer las atribuciones de la Secretaría de Gobernación. Entre ellas para modernizar el Servicio Nacional de Identificación Personal y compartir su información con otras autoridades para potencializar el alcance de los programas de desarrollo económico y social, y así eliminar duplicidades en esos esquemas.

Busca “potencializar la operación de las ‘mesas de paz’ (en las cuales participan tanto autoridades estatales como federales, entre ellas Gobernación) encargadas de elaborar diagnósticos para construir la paz y la vinculación de los tres órdenes de gobierno” y coordinar la política de prevención social del delito.

Otro aspecto destacado es que busca que Gobernación adscriba nuevamente las tareas del Centro de Producción de Programas Informativos y Especiales –que hoy es un órgano administrativo desconcentrado–, y tenga la atribución de asistir, en lo relativo al ejercicio de las facultades que otorgan al titular del Ejecutivo federal respecto de la elección de los integrantes del Poder Judicial.

Con respecto a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la iniciativa busca que pueda coordinar las acciones para la vigilancia y protección de las instalaciones estratégicas y supervisar a las instituciones bajo su adscripción para realizar la investigación y persecución de delitos basada en inteligencia, información estratégica y análisis para obtener indicios y datos que sean admisibles en juicio, en coordinación con la Fiscalía General de la República.

Por lo que toca a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la propuesta es que sea capaz de construir, equipar, restaurar y rehabilitar obras de infraestructura urbana y para el transporte público de pasajeros e instalaciones destinadas al servicio del sistema educativo nacional.

A la Ssa le correspondería coordinar el Sistema Nacional de Salud y la participación de los sectores social y privado en dicho sistema, además de llevar a cabo las acciones para la prestación gratuita de los servicios de salud y coordinar la elaboración del diagnóstico de necesidades de medicamentos y demás insumos para la salud.

En tanto, la Secretaría de las Mujeres tendrá la responsabilidad de garantizar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, proteger los derechos de las mujeres, adolescentes y niñas, y erradicar la violencia de género, además de crear un sistema de información, registro y seguimiento sobre la situación de las mujeres en el país.

Respecto al cambio de Secretaría de Función Pública a Secretaría de Anticorrupción, indicó que con esta modificación se abarca la tarea de prevención, detección y sanción de actos de corrupción, con lo que se da mayor enfoque a los procesos y controles que la secretaría realizará y que aseguren la eficacia y honradez del servicio público.

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones se encargará de la eliminación, reducción y simplificación de trámites, y la facilitación de la interacción de la ciudadanía con el gobierno, a través de los servicios digitales, el aumento de la conectividad y uso de la tecnología.

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más de 200 juzgadores con 55 años de edad y más, que al menos han laborado 25 años en el CJF, han presentado solicitudes de trámite de pensiones.

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