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Bolivia: se enrarece aún más la situación política

02 de noviembre de 2024 08:56

La Paz. El presidente de Bolivia Luis Arce denunció ayer que grupos armados afines a (el ex presidente) Evo Morales tomaron por asalto tres unidades militares en la región cocalera del Chapare y mantienen como rehenes a militares y sus familias, después de que un contingente policial consiguió, finalmente, despejar la principal ruta del país que estuvo bloqueada por 19 días. Morales pidió a sus organizaciones levantar el bloqueo y anunció el inicio de una huelga de hambre para pedir diálogo con el gobierno.

En un mensaje por la red X, Arce denunció que esos grupos “han tomado el lugar donde se encuentra el armamento militar.

La toma de una instalación militar por grupos irregulares en cualquier lugar del mundo es un delito de traición a la patria, una afrenta a la Constitución, a las fuerzas armadas y al propio pueblo boliviano, que rechaza de manera contundente los bloqueos criminales de Evo Morales, añadió.

Grupos evistas tomaron el regimiento Cacique Maraza, e instalaron vigilias en el regimiento Epifanio Ríos y en la base naval de Puerto Villarroel, todas en el trópico (Chapare) de Cochabamba, informó ayer en la mañana el noticiero brujuladigital.net.

En redes sociales circularon videos en los que se ve a 16 militares rodeados de campesinos que blanden palos con la punta afilada. Nos han cortado el agua, la luz, nos han tomado como rehenes, se escucha decir a un soldado.

Las fuerzas armadas confirmaron la toma de unidades militares y la irrupción en el cuartel Cacique Juan Maraza, en Villa Tunari, con saldo de 20 personas –entre militares y personal civil– tomados en rehenes en represalia por los operativos de desbloqueo en la región. Advirtieron que quien tomare las armas en contra de la nación se consideraría traición a al patria y alzamiento armado e instaron a los manifestantes a deponer actitudes y salir de las dependencias cuartelarias de manera inmediata y pacífica.

Arce alertó que estas acciones delictivas afectan al conjunto de la sociedad boliviana y sólo buscan la ruptura del orden público legalmente constituido con el objetivo de acortar el mandato del actual gobierno, imponer una candidatura inconstitucional (la de Evo Morales) y lograr impunidad en procesos judiciales contra el ex mandatario.

Restablecer el orden público

Como gobierno democráticamente electo, en el marco de nuestras facultades constitucionales y con el apoyo del pueblo, continuaremos llevando adelante acciones orientadas a restablecer el orden público, enfatizó Arce.

Mientras, Morales difundió en X una misiva dirigida a Arce: nadie hubiera imaginado que los últimos meses de su gobierno serían tan oscuros y lamentables; menos aún que usted terminaría autorizando la violencia contra quienes lo llevaron al poder con su voto, su lucha y su sangre.

La policía movilizó un gran número de efectivos y tractores para despejar de escombros, con los que los manifestantes bloqueaban las rutas, con el apoyo de una fracción de la policía militar, y a su paso encontró que muchos manifestantes se habían retirado para celebrar el feriado de Todos los Santos (Día de Muertos). Otros grupos se concentraron en Parotani, 347 kilómetros al sureste de la Paz, una ruta estratégica para la unión de las ciudades del oriente, con el occidente y sur del país, que en los últimos días fue el bastión más disputado entre manifestantes y policías, y donde ayer se produjeron choques cuando desde los cerros los manifestantes lanzaron dinamitas a las fuerzas del orden encargadas del desbloqueo.

Al cierre de esta edición, el presidente Arce anunció que ayer se dio un primer paso: desbloquear Cochabamba hacia el occidente de nuestro país. Ahora continuaremos trabajando hasta liberar este departamento del secuestro al que está sometido.

Más de medio centenar de bloqueadores fueron detenidos, la mayoría acusados de terrorismo, mientras 19 policías y un periodista resultaron heridos, reportó brujuladigital.net.

Morales pidió a sus organizaciones hacer una pausa en los bloqueos y anunció que comenzaría una huelga de hambre, hasta que el gobierno acceda a establecer mesas de diálogo, a fin de evitar hechos de sangre y porque esta medida de presión perjudica a la economía de los bolivianos, informó el medio brujuladigital.net. Añadió que ayer fue testigo de un operativo policial y militar que nunca había visto, por lo que decició hacer huelga de hambre y exigir diálogo para cuidar la vida.

Morales propone dialogar sobre aspectos económicos, como la falta de combustible y de dólares, el aumento de precios de productos de la canasta familiar, así como temas políticos, pues considera que se lleva adelante una persecución en contra de su persona, tras haberle iniciado ocho procesos judiciales.

Entre las varias denuncias hay una por los destrozos durante la gran movilización que encabezó en septiembre, otra por los ataques a la policía, una más por un abuso de menores y trata de personas –a raíz de una relación que tuvo con una menor de 16 años cuando era presidente, y de la que nació una niña– y que según el dirigente es una mentira más orquestada por el gobierno para impedirle ser candidato presidencial en 2025.

Rechazan negociación oficial

El presidente Arce aseguró que no es posible ningún diálogo mientras se siga asfixiando la economía de las familias bolivianas y se vulnera el derecho al acceso de alimentos, combustible y medicamentos.

Las protestas, que si bien en un principio estaban motivadas por la crisis económica, han servido para reclamar las aspiraciones políticas de Morales, que a pesar de no estar habilitado insiste en presentarse a las nuevas elecciones.

Los enfrentamientos con las autoridades han ido en aumento especialmente esta semana, después de que denunció que su auto fue baleado al dirigirse a un programa de radio el 27 de octubre, en lo que calificó de plan para asesinarlo. El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, dijo que Morales se resistió a la requisa de una patrulla antidroga y huyó.

A las denuncias contra Morales en Bolivia se suma otra –también por supuesto abuso sexual de menores– en Argentina, presentada por la Fundación Apolo, que preside el ultraderechista Yamil Santoro, por la presunta comisión de delitos vinculados a trata de personas con fines de explotación sexual y abuso de menores durante su asilo político entre 2019 y 2020, informó la agencia de noticias Fides.

Esta denuncia se basa en testimonios y fuentes que señalan que Morales convivió mientras residió en Argentina con menores de edad que habrían sido trasladadas desde Bolivia, en condiciones presuntamente vulnerables, para realizar labores domésticas y de servicios personales, afirmó una nota en el portal del medio argentino El Clarín.

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