De acuerdo con el reporte divulgado por el presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, del citado total 342 son juezas y jueces, y 503 magistradas y magistrados decididos a no contender en la elección extraordinaria del primero de junio de 2025, en el marco de la reforma al Poder Judicial, que ya forma parte de la Constitución. El legislador no precisó si estos impartidores de justicia sólo declinaron o lo hicieron con sus respectivas renuncias anticipadas, pero lo cierto es que en cualquiera de los casos deberán desalojar sus oficinas a más tardar el último día de mayo del próximo año.

Es de suponer que tal decisión no se limita a manifestar su desacuerdo con las modificaciones constitucionales recientemente aprobadas por el Legislativo, sino con miras a ser considerados como parte del personal del Poder Judicial a recibir (motivo real de la desbandada) jugosos haberes de retiro, amén de las pensiones que, en su caso, correspondan. De otra suerte, los indignados impartidores de justicia hubieran dimitido el 31 de mayo de 2025, es decir, el día previo a la elección extraordinaria y ya sin posibilidad alguna de obtener lo que ahora ansiosamente buscan.

Mientras esos 845 estiran la mano y pacientemente esperan el maná presupuestal, la Cámara de Diputados aprobó (343 votos a favor y 129 en contra) la supremacía constitucional, que modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución, para establecer la improcedencia del juicio de amparo contra adiciones o reformas constitucionales, además de anular las controversias o acciones de inconstitucionalidad. De inmediato envió su contenido a las legislaturas de los estados para emitir la declaratoria de validez, antes de que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisen la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial. ( La Jornada, Fernando Camacho y Enrique Méndez).

Pues bien, ya entrada la tarde de ayer al menos 17 congresos estatales avalaron la supremacía constitucional. Con ello, el Senado de la República se declaró listo para formular la declaratoria de la reforma constitucional, sólo en espera de que la Cámara de Diputados haga la declaratoria y remitirla de inmediato al Ejecutivo Federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Parte de la misma telenovela pinchurrienta producida por la cúpula del Poder Judicial, dos genios de la derecha, conscientes del ridículo que hacen, se decidieron por el show: el renunciante ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá y el ex ministro (que goza de generosa pensión, además de su cercanía con el júnior tóxico y demás personeros de la derecha) José Ramón Cossío Díaz.

El primero redactó un bodrio para cribar las partes malas de las buenas de la reforma al Poder Judicial (obviamente, mantener las que a él le gustan y proteger los intereses que representa), mientras el segundo (que se presume doctor en derecho) se animó a pasarse la Constitución por el arco del triunfo y amenaza, sin más, con destituir por la libre a la presidenta Sheinbaum y a los legisladores si no acatan la resolución de la Corte (léase el citado bodrio).

Sobre esta sucia trama de la derecha y sus contlapaches del Poder Judicial, la presidenta Sheinbaum comentó: “Ya llegan al límite de hablar de golpe de Estado, de que me van a destituir. Vamos a esperar a que resuelva la Corte. Calma, tranquilos, amor y paz, y apelo a las ministras y ministros a que, si todavía tienen algo de conocimientos en derecho, pues que actúen en consecuencia. ¿Qué le diría a los comentócratas? Bueno, ya dijeron que vamos a modificar la Constitución para que se acepte la tortura, de verdad, es que…”

Las rebanadas del pastel

Hoy entra en vigor el decreto (modificaciones del Legislativo a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales) que reafirma el carácter de empresas públicas de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, algo que canceló la reforma energética de Peña Nieto.

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