Ciudad de México. Los magistrados Juan José Olvera López, Julia María del Carmen García y Juan Carlos Ramírez Benítez, demandaron a nombre de los impartidores de justicia, que las autoridades federales presenten las pruebas de los actos de corrupción que se cometen en los tribunales federales, luego de que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que en 2023 no hubo irregularidades en el manejo de los recursos asignados al Poder Judicial de la Federación (PJF), "pues pruebas, no hay evidencias de esas supuesta corrupción generalizada".
Durante la llamada conferencia de los jueces, los impartidores de justicia federal señalaron que desde el Poder Ejecutivo se ha señalado supuestamente que no hay manera de supervisar el manejo del presupuesto asignado, sin embargo, la ASF ha sido un órgano independiente el que ha auditado el manejo y destino de los recursos.
"Lo cierto es que eran afirmaciones generales, no se daban datos precisos, no se señalaban los casos concretos que demostraran esa corrupción generalizada, como si todos los días en los tribunales de la Federación se estuvieran realizando actos de corrupción, como si en cada obra pública que realiza el Poder Judicial se estuvieran desviando recursos de manera cotidiana", dijo Olvera López.
Sin embargo, señaló que ayer la ASF "reporta que para el ejercicio del año 2023 no hubo irregularidad el gasto público; no hubo muestra de desvíos de recursos o mal uso de ellos en el servicio de administración de justicia Federal. Señaló ciertamente algunas irregularidades, pero también destacó que fueron solventadas hacia el final de el proceso, de modo que para el año 2023 no hubo en el PJF, irregularidades en el uso de los recursos públicos".
Los magistrados refirieron que con ello se demuestra que el PJF "utiliza de manera pública y transparente, los recursos públicos y rinde cuentas a un órgano externo".
Así, indicaron "no hay pruebas, no hay evidencias de esa supuesta corrupción generalizada de que se habla una y otra vez", por ello señalaron que les gustaría conocer "cuántos asuntos fueron denunciados por el Ejecutivo Federal, podría la fiscalía General República (FGR), darnos un reporte de cuántos asuntos ha llevado los tribunales".
Aunque, indicaron, "desafortunadamente, como todas las instituciones, somos humanos, somos más de mil 600 juzgadores y alrededor de 50 mil operadores, y por supuesto que se pueden cometer desaciertos de contenido administrativo y se sanciona y se da cuenta de esas sanciones, pero de allí a hablar de corrupción como un una lacra social como actividad delictiva y generalizada, no hay ningún fundamento y sólo se trata de señalamientos sin pruebas. Pedimos nuevamente que si las hubiera, las muestren porque el pueblo tiene derecho a conocer las los fundamentos de cualquier señalamiento".
