Cuatro momentos juegan en la historia de Colombia una suerte de laboratorio para explicar cómo se despoja un país en el marco de la “lucha contra las drogas”. Un ejemplo para que las solidaridades en todas las esquinas de América Latina puedan conocer y prepararse para lo que enfrentamos en este tránsito multipolar, que en nuestra región adquiere matices propios y exige la acción.

En los 80 en Colombia surgió el gran relato del “cártel” o “Pablo Escobar”. Mientras éste se va construyendo, la DEA va expandiendo su influencia en las oficinas del gobierno colombiano, principalmente la policía y la procuraduría. El mito también esconde que ocurre la primera operación antinarcóticos en el país, la Campaña de la Guajira, cuando aumentan las victimizaciones entre 1979 y 1981 en la región.

Esta gran parafernalia narrativa esconde la operación contrainsurgente del Estatuto de Seguridad, la configuración del MAS como grupo paramilitar culpable del genocidio de la Unión Patriótica. Como apuntalamiento legal, se redacta el Estatuto Nacional de Estupefacientes, la Ley 30 de 1986.

En los 90 surge una etapa de la narrativa antinarcóticos, la “narco Farc”, o las “narcoguerrillas”, un apuntalamiento clave entretejido en los entrenamientos de la Escuela de las Américas a comandantes, como mostraron en sus relatos a la Comisión de la Verdad. Así, pasamos de la doctrina militar de la guerra contra el comunista a la guerra contra el narcotraficante.

A medida que se extiende este relato, el gobierno de César Gaviria hace una de las reformas estructurales económicas más nocivas para el campo, la industria y el trabajador en el país y se expanden los grupos paramilitares, envalentonados tras haber apoyado con EU y el gobierno colombiano la persecución a Pablo Escobar. La contradicción se acrecienta y la movilización campesina cocalera se abre paso masivamente contra la represión y las aspersiones con glifosato.

En la primera década del siglo XXI, el aparato militar de EU y el entrenamiento a las fuerzas armadas colombianas se concretan en el Plan Colombia y los múltiples planes (Patriota, Espada de Honor) que se van a desplegar por todo el territorio nacional. La narrativa esconde un ejercicio contrainsurgente, contra el pueblo y los territorios, y las víctimas que deja la seguridad democrática demuestran una tragedia humanitaria sin precedente en la historia de América Latina. Niegan que haya un conflicto armado y lo que dice Álvaro Uribe Vélez es que hay una guerra entre bandas.

El despojo es atroz, en 2005, hay récord de ganancias en los bancos y récord de violaciones a los derechos humanos. El despojo se apuntala de la mano del cambio legal en el código minero –que facilita la apropiación de las grandes corporaciones y persigue la minería artesanal, inaugurando la etapa de la “minería ilegal”–, firman las zonas de interés de desarrollo rural y económico para acaparar las tierras en regiones neurálgicas del país, y de la mano de Juan Manuel Santos se da vía libre a la “locomotora minero-energética”.

El cuarto periodo es el actual, el del posacuerdo de paz (2016). Se construyen varias narrativas, de la lucha contra las drogas a la lucha contra la deforestación, la Amazonia como el lugar del crimen, se instala la política de delitos ambientales y se expanden los oscuros contratos de bonos de carbono por toda la selva. Frente a la reincorporación a la vida civil de las FARCEP, y el actuar de los grupos disidentes, la fractura del movimiento social, estamos viviendo momentos de caos, muy a tono con los latentes intereses de intervención en la Amazonia de las grandes potencias.

La incautación de drogas se vende como política nueva y eficiente por un gobierno de izquierda, que además sigue la receta de siempre, la de la sustitución; no pudo salir de la trampa.

El manual del despojo del prohibicionismo celebra el “todo se vale” para “lucha contra las drogas”, inicia al liberar o escoger unos objetivos estratégicos por las élites locales y el gobierno de EU, para después desplegar tropas, ubicarlas. Esto lejos de nuestros ojos. De ahí se crea la ficción del “enemigo” (comunista, narco, deforestador) y después se inician los procesos de militarización y sobrepenalización, que nos inunda la vida cotidiana. La sociedad temerosa y sin claridades políticas “exige ser salvada” de los nuevos males, y se avanza entonces en cambios legislativos que juegan muy bien con las campañas políticas.

Crean las narrativas, mueven las tropas, hacen los acuerdos, apuntalan legalmente el despojo. Mientras, las izquierdas gubernamentales alimentan estas narrativas contra las izquierdas populares; y estas últimas tenemos todo el reto de construir unas contranarrativas, nuestras lecturas, las narrativas populares.

Todo mi apoyo para Ecuador que tiene la fuerza en sus calles, en sus mujeres, en sus intelectuales, su voz política para ser ejemplo en América Latina y no permitir el despojo, “el prohibicionismo”.

*Doctora en sociología, investigadora del Centro de Pensamiento de la Amazonia Colombiana A la Orilla del Río. Su último libro es Levantados de la selva