Desde su creación mediante decreto presidencial en 1990, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) figura en el entramado institucional nacional como uno de los organismos autónomos que velan por la promoción, respeto y garantía de los derechos humanos. No obstante, es bien sabido que su desempeño en sus más de tres décadas de historia ha sido irregular, actuando en pocas ocasiones como auténtico contrapeso frente a los poderes del Estado.

Particularmente, en el último sexenio, la CNDH entró en una espiral de debilitamiento que deslegitimó su actuación en detrimento de los equilibrios democráticos necesarios para nuestra institucionalidad, vulnerando los derechos de las víctimas, quienes tendrían que ser las principales destinatarias de los servicios de este organismo autónomo.

Desde la cuestionada designación de Rosario Piedra se puso en duda la autonomía de esta Comisión dada su afiliación partidista, a lo cual han seguido pautas de acción seriamente cuestionables que han sido motivo de señalamiento dentro y fuera de nuestro país. Pautas que, ahora, encuentran una oportunidad de ser revertidas en la coyuntura de elección del nuevo titular de la CNDH.

Recientemente un importante grupo de organizaciones y asociaciones reunidas bajo el lema #LaCNDHQueQueremos han hecho un recuento de los principales retrocesos de esta comisión en el último sexenio.Entre ellos, destaca que la mayoría de las acciones de inconstitucionalidad promovidas estuvieron focalizadas en el ámbito local, evitando tocar el ámbito federal.

Respecto de las recomendaciones emitidas, si bien el número de ellas se triplicó en la actual gestión, la mayoría atendieron hechos que ocurrieron en sexenios anteriores al de López Obrador. En ese sentido se pronuncia el balance presentado recientemente por el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el cual documenta que 115 de las 132 recomendaciones por violaciones graves a derechos humanos corresponden a hechos ocurridos antes del 1º de diciembre de 2018.

Tampoco parece casualidad que la mayoría de las recomendaciones emitidas sobre hechos de sexenios anteriores estuvieran vinculadas a temas de seguridad y justicia, mientras las recomendaciones sobre hechos ocurridos en el sexenio de López Obrador tuvieran como principal tema el derecho a la salud.

La adecuación del discurso y la acción política de la CNDH para proteger al gobierno en turno quedó evidenciada en este y otros rasgos, como sus omisiones frente a decisiones del gobierno que claramente vulneraban derechos humanos, tales como el resguardo de información de obras de infraestructura por considerarse de seguridad nacional, la reforma a la Ley de la Guardia Nacional, o el ataque a organismos autónomos, a periodistas y defensores de derechos.

En sentido contrario y a contrapelo de lo esperado de un organismo autónomo de derechos humanos, la CNDH incluso extralimitó sus facultades y se posicionó en materia electoral recomendando la reforma al Instituto Nacional Electoral. El mismo exceso cometió en sus informes sobre violencia política realizados en torno a las últimas campañas electorales federales, donde vertió críticas tendenciosas contra las candidaturas opositoras y elogios para la candidata oficialista.

Por si fuera poco, a ello hay que sumar los posicionamientos que en reiteradas ocasiones hizo públicos esta comisión contra organizaciones defensoras de derechos humanos, o la ruptura de su gobernanza interna, evidenciada principalmente con la renuncia de todos los integrantes del consejo consultivo, quienes explicaron su salida como una respuesta a la inoperancia del diálogo interno y a la sistemática obstaculización a sus funciones.

Por todo, una vez más la figura de ombudsperson en México se ha convertido en alfil político más que en actor de contrapeso. Los retrocesos del órgano público de derechos humanos en un país de víctimas constituyen un factor de debilitamiento de nuestro sistema democrático y vulnera a la ciudadanía frente al poder del Estado. Hoy las víctimas no cuentan con mecanismos de acompañamiento institucional robustos, como amerita la crisis de derechos humanos que vive México.

Necesitamos instituciones y organismos fuertes que permitan poner a las víctimas en el centro a través de políticas y programas de gobierno encaminadas a concretar el derecho a la verdad, justicia, reparación y no repetición. Urgen andamiajes que ayuden a procesar y elaborar la realidad en clave de fortalecimiento democrático y construcción de autonomías institucionales que verdaderamente pongan en el centro a las víctimas.

Por eso no podemos permitirnos tener una CNDH debilitada. Afortunadamente, hoy tenemos la oportunidad de enmendar el rumbo. Para ello, la elección de una nueva presidencia de la comisión debe estar encaminada a garantizar la autonomía del organismo, la restauración de los canales de diálogo con la sociedad civil, el apego a su vocación propia como contrapeso político en derechos humanos; a la restitución del consejo consultivo, y a un profundo reordenamiento institucional que la coloque, como la sociedad espera, en el centro de la acción estratégica en beneficio de las víctimas. Nunca es tarde para enmendar el camino, no dejemos pasar la oportunidad