Ciudad de México. Los impactos positivos o negativos que puedan generar la reforma constitucional que devuelve a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) su carácter de empresas públicas aún no se pueden conocer, pues “es temprano” para estimarlo, señalaron expertas de la Asociación Mexicana de Energía Eólica (AMDEE).

“Realmente todavía es pronto para saber cuáles son las consecuencias de estos cambios. Nosotros (las firmas privadas) estamos atentos a los siguientes pasos y tendemos una mano al gobierno federal para colaborar en lo que sea necesario para ayudar a México a llegar a las metas que se ha planteado de energía limpia”, dijo Irene Arranz, especialista en el sector, luego de que fue publicada el decreto en materia de áreas y empresas estratégicas.

Renata Herrera, abogada en el sector energético, comentó que el sector privado está a la espera de que el gobierno federal publique las reglas secundarias sobre los sistemas de almacenamiento energético (SAE), luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo comentó que los privados, como Iberdrola (https://shorturl.at/DP0uq), podrán participar bajo reglas claras (https://shorturl.at/KVtY8)

El comité de expertas en energía de la AMDEE señaló que aún se desconoce el monto de inversión que necesitarían los privados para participar en el respaldo de energía a través del sistema de almacenamiento, pues están a la espera de que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) emita la metodología.

Recordaron que este ente tiene hasta 9 meses para publicar las reglas luego de que el 30 de septiembre fueron publicadas por la Comisión Reguladora de Energía (CRE), es decir, en junio de 2025 a más tardar.

Apuntaron que es necesario que la autoridad emita los criterios porque ahí se va a ver el porcentaje de solicitud que el gobierno pida para los proyectos renovables, lo cual es pieza clave para evitar la intermitencia de la energía (porque las fuentes solar y eólica no se producen todo el día), ya que con estos sistemas se asegura la confiabilidad en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) y el suministro energético.

El grupo de expertas de la AMDEE comentó que como parte de su agenda de prioridades en el sector durante la transición energética está la reducción de la pobreza energética, pues datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que en el país más de 36.7 por ciento de los ciudadanos viven en pobreza energética, mientras que 4.8 millones de hogares calientan agua y alimentos con leña o carbón, sin poder acceder a combustibles modernos para la cocción de alimentos y, cuando lo logran, pagan más de 10 por ciento de sus ingresos por el servicio.

El Comité de Expertas planteó soluciones que van desde el autoconsumo en zonas rurales hasta la implementación de normas de eficiencia energética en todo el país, lo cual contempla la colaboración con entidades gubernamentales y no gubernamentales para asegurar el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos, impulsar el desarrollo social en zonas con parques eólicos en coordinación con los gobiernos federal y local, y fomentar la resiliencia comunitaria con pertinencia cultural.

La Agenda también destaca la necesidad de modernizar la infraestructura de transmisión para optimizar la eficiencia de las energías renovables. “La modernización y expansión de la infraestructura de transmisión y distribución eléctrica es indispensable para facilitar la integración de la energía eólica en la matriz energética y mejorar la confiabilidad”, señalaron.

Aunque no indicaron cuántos kilómetros se necesitan para ampliar la red, señalaron que por cada kilómetro se necesita una inversión de 0.5 millones de dólares.