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Los ministros Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Jorge Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Alberto Pérez Dayán, Juan Luis González Alcántara, Javier Laynez y Luis María Aguilar presentaron su renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Foto 'La Jornada'
31 de octubre de 2024 07:39
Cumplieron su promesa de dimitir en bloque y lo hicieron no por dignidad, sino por dinero ante la rotunda derrota legal y política que han sufrido. Con esa acción, el único objetivo de la banda de los ocho es garantizar sus abultados haberes de retiro y en eso, hay que reconocerlo, sí han sido sobradamente congruentes. Sin duda, a partir de que se hagan efectivas sus renuncias anticipadas (efectivas a partir del 31 de agosto de 2025) se les cancelarán pingües negocios asociados al puesto, pero con la gruesa pensión vitalicia de que gozarán (100 por ciento de su salario) serán capaces de sobrevivir y no precisamente en medianía juarista. Eso sí, la pandilla se presenta como mártir de la legalidad.

Fue Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena el primero de los ocho ministros en presentar su renuncia, pero a partir de él en cascada lo hizo el resto, incluido Luis María Aguilar Morales (el ángel protector de los evasores fiscales), con todo y que su gestión concluye en alrededor de un mes, es decir, se subió al show político-musical de los togados sin necesidad alguna, porque en breve y sin mayor trámite le entregarán su costal de dinero, su pensión vitalicia y, tal vez, una compensación de Ricardo Salinas Pliego.

En su texto de renuncia, Norma Piña subraya que su dimisión no implica mi conformidad con la separación del cargo para el que fui designada originalmente hasta el 10 de diciembre de 2030, sino, dice, un acto de congruencia y respeto al texto constitucional que hoy nos rige, es decir, el mismo que ella y siete ministros no han dejado de violentar ilegalmente por medio de sus acciones totalmente contrarias… a la Constitución. Por cierto, nada ni nadie la obligó a dimitir. Sólo su terror a enfrentar una elección popular de la que saldría totalmente derrotada.

Una más: en su texto de dimisión, Margarita Ríos Farjat repite el numerito (renuncia sin que implique una convalidación tácita a un conjunto normativo que se encuentra controvertido; aquí le faltó la palabra ilegalmente… controvertido). De cualquier suerte, anuncia que opto por no aceptar el pago de la cantidad de dinero mensual a la que tengo derecho como futura integrante en retiro de este tribunal constitucional (la Suprema Corte de Justicia de la Nación), y puntualiza que retomaré tranquilamente y sin apego al dinero a la Tesorería de la Federación si es que, antes o después, no logro cristalizar una forma de donarlo íntegramente a niños y niñas en situación de vulnerabilidad. Desde luego, rechaza pasar por el tamiz del voto popular.

En este caso, recuérdese que Ernesto Zedillo renunció a la pensión presidencial (no a las prebendas implícitas), sin mencionar que bajo la manga ya tenía otra, muy generosa, del Banco de México. Otro caso fue el de José Ángel Gurría, quien también renunció a su pensión de Nacional Financiera para donársela a su mamá. En el caso de Ríos Farjat, ¿de qué niños y niñas se tratará?

En términos generales, las demás renuncias anticipadas son, palabras más o menos, del mismo tono, con el mismo pretexto (no implica mi aceptación de la reforma judicial, aunque ésta forma parte de la Constitución) y con el mismo terror manifiesto (no queremos el voto popular). Eso sí, muy ofendidos e indignados, pero venga la maleta de dinero. Falta por conocer si el Legislativo se las acepta.

La presidenta Sheinbaum ilustra a los renunciantes: “En ningún lugar la Constitución dice ‘la Corte puede legislar sobre las reformas constitucionales’; a ver si estos ocho ministros y ministras están dispuestos a violar el artículo 135 constitucional, porque éste dice: ‘Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la Constitución se requiere que el Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados y de la Ciudad de México. El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente en su caso, harán el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido aprobadas las adiciones o reformas’. ¿Dónde dice ‘y la Corte también puede modificar la Constitución o las reformas’? Entonces, ¿quiénes son los autoritarios?”

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X: @cafevega

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