Ciudad de México. “Me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones”, expresó el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en crítica a la reforma judicial, en la carta de su renuncia que presentó este miércoles al Senado de la República.
En la misiva de dos cuartillas, en la que también declina a participar en las elecciones populares de 2025 por cargos de jueces, magistrados y ministros, resalta que el 20 de diciembre de 2018 protestó al cargo en la Corte para hacer guardar la Constitución, aunque “sería una tarea siempre difícil y a menudo ingrata, que por cada persona que se mostrara satisfecha con nuestra labor, habría por lo menos otra que la desaprobara”.
Justificó que aceptó la investidura porque “confiaba en un sistema de instituciones, de frenos y contrapesos” para atender a las demandas apremiantes de una mayoría de la ciudadanía que había sido olvidada o relegada, “pero que también respetarían la dignidad de las minorías”.
"Pero me equivoqué. Me equivoqué al creer que prevalecería la razón sincera y libre por encima del clamor de las pasiones. Y mi error, como el de muchos, nunca me permitió imaginar un escenario como el actual”, argumentó.
Critica la reforma judicial publicada el 15 de septiembre pasado respecto al método que establece de elección de jueces, magistrados y ministros, y apunta que para que él pueda continuar en el cargo “hoy se me pretende someter a una contienda electoral masiva e incierta”.
“No participaré en esta campaña porque la considero antitética a mi labor, a mi vocación y a la promesa que hice hace casi seis años al tomar protesta. No participaré en un proceso en donde me vea orillado a realizar promesas que sé que no podré cumplir en buena conciencia, que impliquen una renuncia a mi promesa de ejercer el cargo de juez con imparcialidad y mesura, mirando únicamente a la Constitución, a los hechos del caso y no a los clamores de las mayorias”, anuncia.
La renuncia de Gonzále Alcántara, de ser aprobada por el Senado, surtiría efectos el 31 de agosto de 2025, como indica el artículo séptimo transitorio de la reforma constitucional.
“Desde luego, esta renuncia no implica de ninguna manera mi aceptación --tácita o expresa- de las decisiones políticas adoptadas en meses recientes, y conservo mi fe en que seremos capaces, como nación, como sociedad, como ciudadanas y ciudadanos, de identificar el tremendo error que ello implica y corregir el camino antes de que sea demasiado tarde, antes de que hayamos derrumbado, en un suspiro, lo que generaciones se esforzaron décadas en construir”, aclara.
Concluye que se va “con la tranquilidad del deber cumplido mi deber constitucional sin comprometer mis principios ni valores, ni los que representa nuestra Constitución. Me voy con la esperanza de que lleguen tiempos más serenos y mesurados, en donde las voces que proclaman el respeto irrestricto a todas y todos los ciudadanos, sin importar sus características particulares ni su afiliación ideológica, prevalezcan por encima del deseo de alcanzar la popularidad por encima de la razón y la justicia”.